50 empresas contra inclusión financiera: plantearán su inconstitucionalidad

Pero además de continuar con la búsqueda de esta rebaja, pretenden que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional un artículo de la ley que estipula que “los proveedores o comercios no podrán cobrar por los productos o servicios que ofrezcan un precio mayor si el pago se realiza mediante una tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico que si el mismo se realiza con efectivo”.

La gremial señala que los comercios pequeños corren en desventaja frente a las grandes superficies que tienen condiciones más favorables en este terreno.

Según el matutino, los comercios de menor porte pagan un arancel de entre 2% y 2.2% en el caso del débito y de entre 4.5% (si se trata de un solo pago) y 4.9% (si es en pagos diferidos) cuando se trata de una compra con crédito. Mientras tanto, las grandes superficies abonan entre 1.35% y 1.5% en las dos modalidades.

Los empresarios entienden que si lo que se quiere es bancarizar y se prohíbe trasladar el sobrecosto al precio final, debe ser el emisor de la tarjeta o el Estado quien se haga cargo de los costos.