ONGs de Derechos Humanos denuncian "estado policial desbocado"

"Algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que venimos asistiendo", escribieron.

Amparado en la ley de Procedimiento Policial de 2008, el Estado "viene desarrollando, operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos".

Las ONG admiten que el Ministerio del Interior no cuenta con el apoyo del estamento policial y que ciertas medidas anticorrupción están cooperando con el clima de brutalidad policial.

En ese sentido, advierten que algunas medidas contra la corrupción policial afectan “intereses” y apuntan: “quizás sea una más de las razones de esta escalada represiva".

Iesur y Serpaj denuncian "la expansión de la vigilancia policial" tanto "simbólica” como “instrumentalmente".

Estas políticas, dicen ambas organizaciones, "integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas”.

Entre ellas está la infiltración de miembros de la Policía en la manifestación del 14 de abril por los 40 años de la muerte de Líber Arce. Una de las explicaciones oficiales fue que de este modo se podía conocer el accionar de grupos como Plenaria Memoria y Justicia y otros grupos que forman parte de la Coordinadora Antiimperialista.

La infiltración fue admitida por los propios agentes según surge del expediente judicial tramitado por la jueza penal Julia Staricco. En la ocasión, la magistrada procesó sin prisión a dos jóvenes que causaron disturbios.

En la marcha del 24 de agosto que recordó los incidentes del Hospital Filtro de 1994 (protesta por la extradición de etarras), la Policía detuvo a una decena de manifestantes a los que dejó en libertad horas después.

Tanto Santa Catalina, como las protestas del Hospital Filtro como el Día del Mártir Estudiantil tienen correlatos parecidos, hilos que conectan los hechos con una confrontación entre la autoridad policial y un sector de la población.

En los últimos dos episodios es clara la presencia de grupos radicales en las protestas. En el primero de los casos, el barrio tiene entre sus referentes a Jorge Zabalza, uno de los procesados por la asonada de febrero en la Suprema Corte de Justicia.

En Santa Catalina hay tensiones entre vecinos y las autoridades de larga data que trascienden lo policial. La Coordinadora de Vecinos del Oeste – por ejemplo- tiene influencia en la zona y protesta contra los supuestos peligros medioambientales que traerá la regasificadora de Sayago, una obra de más de 1.000 millones de dólares.