Presidencia

Uruguay ganó dos juicios a empresas que demandaban en total 180 millones de dólares

La Presidencia informó este lunes de los fallos favorables que evitan el pago demandado por Conecta a Italba.

El secretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma anunció este lunes que Uruguay obtuvo dos fallos favorables en sendos juicios internacionales entablados contra el Estado, uno por 100 millones de dólares (el de la empresa Conecta, gas por cañería) y otro por 80 millones de dólares (en de la empresa Italba, trasmisión de datos).

“El tribunal internacional resolvió desestimar que Uruguay haya incumplido el contrato de concesión de forma grave y reiterada y también que Conecta tenga derecho a terminar inmediatamente el contrato de concesión”, anunció la Presidencia en un comunicado acerca de la demanda iniciada por la empresa de gas por cañería.

Además, dice Presidencia, el tribunal “rechazó que deba existir por parte de Uruguay una compensación monetaria (...) y que el país tenga la obligación de no perjudicar a la empresa con medidas de fomento energéticos competitivos”.

COMUNICADO DE CONECTA

La empresa de gas por cañería respondió el anuncio del gobierno a través de un comunicado:

“Un tribunal arbitral amparó parcialmente la demanda de Conecta contra el Estado uruguayo y determinó que el Estado tiene la obligación de recomponer el equilibrio económico-financiero de la distribución de gas natural en el interior de Uruguay y de negociar de buena fe a esos efectos.

En el laudo, el tribunal concluyó que el equilibrio del negocio se quebró debido a causas no previstas por Conecta, concesionaria del servicio, al inicio de la operación a fines de los 90. Para el Tribunal la distribución de gas natural se hizo sobre la base de que habría gas abundante y a precios competitivos que vendría desde Argentina. Sin embargo, las medidas que tomó Argentina a partir de 2004 llevaron a un aumento del precio del gas natural y a una reducción de los volúmenes disponibles para Uruguay. Estas, dijo el tribunal, son circunstancias graves e imprevistas que afectaron la ecuación económico-financiera de la concesión.

El Estado había sostenido en el caso que no correspondía revisar la concesión porque lo que ocurrió en Argentina y sus efectos en la distribución de gas natural en Uruguay no eran imprevistos. Si bien el Tribunal entendió que el Estado no incumplió hasta ahora su deber de renegociar (y que por eso no corresponden daños) sostuvo que no es cierto como el Estado mantuvo en el caso que no exista ese deber. El Tribunal reafirmó que el deber existe—y que de hecho el Estado así lo había reconocido con su propia conducta antes del arbitraje—y que el Estado debe cumplirlo de buena fe.

En su decisión el Tribunal rechazó el pedido del Estado de que declarara que el reclamo de Conecta había vencido.

El Tribunal rechazó también las solicitudes que el Estado había hecho en el caso para que reconociera que Conecta había incumplido obligaciones a su cargo y también que hubiera alguna razón para entender que tiene derecho a quitarle la distribución de gas natural en el interior uruguayo”.

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