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Tribunal del FA concluye que el senador De León incurrió en "actos indebidos"

La conclusión del Tribunal de Conducta Política señala que esos actos perjudicaron a ALUR y al patrimonio público.

El Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio señala que el senador Leonardo De León (lista 711 de Raúl Sendic) incurrió en “actos indebidos en perjuicio de su empresa y del interés y patrimonio públicos”, según informó El País y confirmó Subrayado al obtener el dictamen (ver más abajo texto completo).

El fallo del también conocido como Tribunal de Ética señala que “los hechos examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del Cro. De León”.

Se refieren así a la utilización de las tarjetas corporativas de ALUR por parte de De León cuando dirigió la empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR).

La conclusión del Tribunal dice textualmente: “A juicio del Tribunal, los hechos examinados comprometen seriamente la responsabilidad ética y política del Cro. De León porque en ellos se configuran múltiples actos indebidos en perjuicio de su empresa y del interés y patrimonio públicos”.

De León fue funcionario de ALUR desde noviembre de 2005 y fue parte del directorio desde enero de 2011 hasta febrero de 2015, siendo su presidente desde diciembre de 2013, recuerda el Tribunal.

EMPRESA PRIVADA

En su defensa De León ha dicho que ALUR es una empresa privada por lo que no corresponde analizar si su accionar violó normas éticas de administración pública.

Al respecto, el dictamen del Tribunal de Conducta Política del FA señala: “ALUR funciona como una entidad privada, y el Cro. De León ha hecho hincapié en que la empresa no está sujeta a las normas jurídicas que rigen para la administración pública, como las del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), ni al control del Tribunal de Cuentas. Por la misma razón su personal no puede incurrir en aquellos 'delitos contra la administración pública' previstos en el Código Penal que sólo pueden cometerse por funcionarios públicos. A este respecto el Tribunal considera que esa exención de restricciones, controles y sanciones no puede aminorar el deber ético de rigor en la preservación del patrimonio público. Si alguna consecuencia cabe establecer entre esa exención y el rigor de las obligaciones éticas, sólo puede llevar a que las obligaciones se consideren aún más solemnes”.

Lea a continuación el dictamen completo del TCP sobre el senador De León al que accedió Subrayado.

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