Senadores del FA ampliaron denuncia contra el gobierno por acuerdo con Katoen Natie

Por su parte, el senador Bergara aseguró que “en el proceso de negociación entre el gobierno y Katoen Natie no se pidió ni un solo informe jurídico, técnico, económico a ningún estamento del estatal, ni la Administración de Puertos, ni el Ministerio de Transporte ni la propia Presidencia”.

“Ahora, cuando vienen estos recursos, el Estado tampoco responde, con lo cual vuelve a no pedir ni un solo informe a ningún ámbito del Estado para defenderse, eventualmente. Creo que hay que preguntrarse por qué no piden ni un solo informe. Porque es clarísimo que se operó abusando de funciones y que si se pidieran los informes jurídicos y económicos todos serían negativos con respecto al acuerdo del gobierno con Katoen Natie”, concluyó Bergara.

TCP SALE AL CRUCE DE SENADORES DEL FA

Terminal Cuenca del Plata (TCP) salió al cruce de las declaraciones de los senadores del Frente Amplio, Mario Bergara y Charles Carrera, que en las últimas horas ampliaron la denuncia del contrato entre la empresa y el gobierno para la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

En un comunicado, la terminal, que está integrada en un 80% por la empresa Katoen Natie y en un 20% por la Administración Nacional de Puertos, señaló que los legisladores repiten casi textualmente los argumentos esgrimidos por Montecon, competidora directa de Katoen Natie.

TCP señaló que esta empresa “utilizó de manera ilegítima los espacios públicos, recibió subsidios tarifarios y llevó a cabo prácticas discriminatorias contra sus competidores, en perjuicio de TCP y de las arcas públicas”.

Además, TCP indicó que los senadores reiteraron los mismos argumentos que expuso Montecon en su acción de nulidad contra los decretos 114/021 y 115/021 del 1 de diciembre del año pasado.

Concretamente, los senadores indicaron que TCP acreditó en su plan de negocios de 2001 que regía en el Puerto de Montevideo el régimen de libre competencia y que se comprometía a respetarlo.

Esto fue desmentido por TCP, que señaló que el estudio de mercado y proyección de tráfico elaborado en marzo de 2001 por la consultora CPA fue realizado antes de la promulgación del decreto de reglamentación de TCP, y que en él no hay acreditación o compromiso alguno, sino una evaluación sobre la futura actividad de la terminal especializada que aún no existía.

A su vez, TCP sostiene que no precisaba “acreditar” o “comprometer” nada dado que la empresa no cuestionó nunca el principio de libre competencia portuaria, consagrado en la ley de puertos.

TCP añadió que “causa estupor que legisladores a los que la ciudadanía confía el análisis informado y sereno de las cuestiones públicas, empleen los informes que están bajo escrutinio judicial a efectos de promocionar intereses empresariales privados contra una empresa la cual el Uruguay es accionista”.