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Oposición adhiere a la campaña por plebiscito contra inclusión financiera

Tres años después de su aprobación en el Senado, juntan firmas para que la ciudadanía vote en 2019 si discontinuar o no el proyecto del gobierno


Los partidos políticos de oposición se suman al debate por un eventual plebiscito contra la ley de inclusión financiera: los lideres blancos Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga dieron su apoyo, el partido Colorado juntará firmas, lo mismo que Unidad Popular. En tanto, el Partido Independiente no quiere plebiscito pero sí rediseñar la ley.

Inesperadamente, la inclusión financiera se puso en el primer lugar de la agenda pública en las últimas semanas

Luis Lacalle Pou fue el primero en apoyar el plebisicto. El senador considera que hay que quitar la obligatoriedad de la norma y que cada persona opte por adherirse de forma voluntaria. "La inclusión financiera debe ser de la voluntad del individuo (...) es una oportunidad y no una obligación"

Horas después, Jorge Larrañaga también se pronunció. El líder de Alianza Nacional indicó que considera una "injusticia meterle impuestos a las jubilaciones y pensiones".

En la vereda de enfrente, el Frente Amplio defiende su ley y recibe el apoyo del poderoso sindicato de bancarios AEBU. Fernando Gambera, dirigente del PIT-CNT e integrante de AEBU, se dirigió directamente a Lacalle Pou, a quien acusó de "defender los derechos de los poderosos", que prefieren menos "controles" financieros.

TRES AÑOS DE CONSOLIDACIÓN

En abril de 2014, la ley de inclusión financiera fue aprobada en el Senado solo con votos del Frente Amplio, con 16 en 22 legisladores presentes.

Fue una apuesta fuerte del gobierno para cambiar de manera sensible los hábitos de consumo y financieros en general.

Rebaja del IVA, pago obligatorio de salarios, mayor control y agilización de las transacciones, son algunos de los beneficios -además de la seguridad- que el equipo económico exhibió para pasarse al plástico.

Tres años después, cuando el proyecto está en proceso de consolidación, lentamente comenzó a gestarse un movimiento que propone licitar la ley conjuntamente con las elecciones de 2019.

Desde principios de años, las cámaras comerciales comenzaron a plantear la necesidad de organizar un movimiento civil contra la inclusión financiera, tal como está planteada.

Los comercios deben cargar con aranceles de 2% por transacciones con tarjeta de débito. 

No es el único reclamo. También se pretende eliminar los impuestos de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), la Contribución de jubilados y pensionistas bancarios.

En ese sentido, los promotores del plebiscito proponen que se agregue al artículo 67 de la Constitución: "Las pasividades, las pensiones, y en general todo tipo de prestaciones de seguridad social, servidas por el BPS, o entidades estatales, paraestatales o privadas, no podrán ser gravadas con tributos de ninguna naturaleza, ni ser objeto de detracciones, descuentos, o prestaciones de cualquier tipo, salvo las obligatorias alimentarias, de salud o las que consienta su titular".

Uno de los elementos que terminó de explotar la polémica fue la negativa de las estaciones de servicio al uso obligatorio de la tarjeta de débito durante el día.

Pero ya antes la Cámara Regional de Empresarios del Este (Crece), sugirió el referéndum para derogar la ley de inclusión financiera.

El objetivo, según un comunicado de Crece, es que esta discusión "sea resuelta por el pueblo uruguayo y no por los funcionarios que hoy se dedican a defender los intereses de las multinacionales".

Miguel Feris, presidente de la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU), coincidió en que los empresarios no están siendo escuchados por el gobierno y que esta propuesta podría estimular una negociación.

Tanto Crece como CEDU sostienen que la ley que está implementando el gobierno es en realidad de "exclusión financiera". La normativa "excluye a los más necesitados, porque los marginados no pueden acceder a las tarjetas", señaló Feris.

En ese sentido, dijo que la bancarización suele otorgar privilegios a los más favorecidos: "Eso de que pague más el que tiene más termina siendo al revés", afirmó.

Crece, por su parte, señala que la ley de inclusión financiera "ahoga al comercio y la empresa y agrega mayores cargas a los comerciantes –que son trabajadores que crean trabajo– lo que constituye una injusticia intolerable".

NACIDO EL 3 DE JULIO

El movimiento ha ido sumando personalidades de la política y la sociedad uruguaya. El 3 de julio se hizo el lanzamiento del proyecto y ya ha recorrido todos los departamentos del país.

En esa fecha se inició recolección de firmas en el Ateneo de Montevideo, en este caso impulsada por Huber Díaz y Carlos Sarthou.

El abogado Gustavo Salle y el director de MPC Consultores, Nery Pinatto, encabezan también una campaña nacional para derogar la ley de inclusión financiera.

Pinatto en un comunicado consideró que la ley es "antipatriótica, anticonstitucional y vergonzosa" y que a través de ella "el Frente Amplio directamente ha vendido lo poco que le quedaba de dignidad a los organismos financieros tanto locales como internacionales".

"Solo la implementación de esta ley, según el economista Jorge Barrios, le va a costar al pueblo uruguayo unos US$ 380 millones en el año 2017", acotó Pinatto.

Señaló que el objetivo es conseguir las firmas para poder convocar a un referendum. Pero no se descartan otras acciones.

Salle escribió en Twitter "ya somos muchos lo que hemos puesto en movimiento la desobediencia civil legal pacífica contra la ley 19210 de esclavitud banquera".

 

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