Este martes de tarde hubo una reunión en Presidencia de la República para analizar los pasos a seguir en el conflicto abierto que tiene el gobierno con los jueces, fiscales y demás funcionarios judiciales.
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Mujica analiza con el MEF cómo pagar lo adeudado a cientos de funcionarios
El presidente encargó a la Oficina de Servicio Civil determinar a cuántos funcionarios se les debe un aumento desde 2011 y cuánta plata es.
El presidente José Mujica le encomendó a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) un estudio detallado para saber a quiénes alcanza el incremento salarial adeudado por el gobierno desde el 2011.
Según supo Subrayado, Mujica espera tener este informe antes del fin de semana para comenzar a definir después una “norma habilitante”, dijeron las fuentes, que permita pagar lo adeudado a cientos de funcionarios que reclaman los ajustes correspondientes.
De la reunión participó Homero Guerrero (Secretario de Presidencia), y Mario Bergara (ministro de Economía). Fuentes del Poder Judicial habían estimado a Subrayado que la deuda asciende a unos 90 millones de dólares.
En el 2010 el gobierno de Mujica aprobó la Ley de Presupuesto con un ajuste de los sueldos de Ministros de Estado, que entró en vigencia a partir de 2011. El gobierno no se percató de que con ese aumento se desencadenaría una serie de ajustes sucesivos, primero a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales de Apelaciones, entre otros, lo que a su vez tuvo efecto en cientos de funcionarios judiciales y registrales.
Los funcionarios registrales están en conflicto y adoptando medidas que distorsionan la atención al público desde hace más de un mes. Por su parte, los jueces amenazan con hacer un paro y una marcha en Montevideo si el gobierno no les ofrece una respuesta favorable al aumento salarial adeudado que reclaman. A esto se sumaron los fiscales y los actuarios, que también se declararon en conflicto.
Este martes el ministro de Trabajo, José Bayardi, se refirió al conflicto con los jueces y advirtió que si hacen paro la Suprema Corte de Justicia debería pedirle al gobierno que declare la esencialidad de los servicios que presta el Poder Judicial en su conjunto.
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