La Oficina de Supervisión de Libertad Asistida depende del Ministerio del Interior y tiene 49 funcionarios. La dependencia se encarga de realizar el seguimiento de los condenados con medidas alternativas a la prisión en todo el país, tales como libertad vigilada, tareas comunitarias o arresto domiciliario.
Medidas alternativas a la prisión se multiplicaron por 10 con el nuevo CPP
Actualmente son 4.000 los condenados que no están en la cárcel. De esos, 2.000 cumplen con tareas comunitarias.
“Teníamos 400 personas (con medidas alternativas) y ahora tenemos 4.000”, explicó la directora de la oficina, Cecilia Vega.
Además detalló cómo controlan los funcionarios la aplicación de las medidas alternativas dispuestas por la Justicia.
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"Nos llega un oficio, citamos a la persona, se le asigna un técnico referente que le hace una entrevista y se elabora un plan de intervención. Luego lo enviamos al juez y el técnico referente sigue en comunicación con la persona para saber si está cumpliendo. Dependiendo el perfil de cada uno es el plan que se elabora".
Además, 2.000 personas cumplen con tareas comunitarias dispuestas por la Justicia en 40 instituciones adheridas al sistema.
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