Líder independentista catalán Puigdemont a disposición de la justicia en Italia

Puigdemont, que fue presidente del gobierno regional catalán durante la declaración fallida de independencia de 2017, fue detenido la noche del jueves a su llegada al aeropuerto de Alguer, en Cerdeña, por ser objeto de una orden de detención europea desde 14 de octubre de 2019.

Actualmente eurodiputado, el líder independentista, huido en Bélgica desde 2017, viajó a Alguer para un festival cultural organizado en esa ciudad con vínculos históricos con Cataluña.

Según las normas judiciales italianas debería ser interrogado en las próximas 48 horas, tras lo cual las autoridades italianas deberán decidir si autorizan su extradición, un proceso sumamente complejo que toma en general meses.

"El presidente será puesto a disposición de los jueces de la corte de apelación de Sassari, que es competente para decidir su puesta en libertad o su extradición", precisó Alay.

Este viernes, una pancarta con la bandera de Cerdeña y de Cataluña fue extendida fuera del tribunal de Sassari, en solidaridad con Puigdemont.

"Libertad para los prisioneros políticos catalanes", rezaba la banderola.

El gobierno español del socialista Pedro Sánchez, inmerso en un proceso de diálogo con el gobierno catalán, se limitó a comentar que la detención "obedece a un procedimiento judicial en curso que se aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos".

En ese sentido, "manifiesta su respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos, al igual que siempre lo ha hecho con los tribunales españoles y europeos".

En las redes sociales aparecieron llamamientos independentistas a manifestarse ante el consulado italiano en Barcelona, y otro líder independentista, Quim Torra, pidió a sus correligionarios "estar en alerta máxima porque la posible extradición del presidente Puigdemont sería catastrófica", en declaraciones a la televisión catalana TV3.

Puigdemont, de 58 años, llegó inesperadamente a la presidencia del gobierno regional catalán en 2016 desde la alcaldía de Girona, por la renuncia de Artur Mas, después de figurar en puestos lejanos a la cabeza en las listas de las elecciones regionales.

A él le correspondió liderar un movimiento independentista en plena efervescencia que no estaba dispuesto en 2017 a conformarse con menos que la secesión.

Tras proclamarla, el gobierno español de Mariano Rajoy intervino la administración regional y convocó elecciones autonómicas, invalidando así la tentativa.

Puigdemont se estableció en Bruselas, reclamado por la justicia española, en contraste con sus compañeros de gobierno que acabaron siendo juzgados, como su vicepresidente Oriol Junqueras, condenado a 13 años de cárcel, y finalmente indultado en 2021 por el gobierno español de Pedro Sánchez, como el resto de los encausados.

En tanto que eurodiputado, Puigdemont debería normalmente gozar de inmunidad, pero el Tribunal General de la Unión Europea decidió a finales de julio que no era el caso, y mantuvo firme la suspensión de su inmunidad legislativa decidida por el Parlamento Europeo.

En la misma situación estaban otros dos eurodiputados catalanes, Toni Comín y Clara Ponsatí.

El tribunal rechazó los argumentos presentados por considerar que no demostraron con "grado de probabilidad suficiente" los temores de persecución judicial o arresto.

La justicia española acusa a Puigdemont de sedición y malversación de fondos por el intento de independencia de Cataluña en 2017, y exige su extradición.

El tribunal señaló que "nada permite considerar que las autoridades judiciales belgas o que las autoridades de otro Estado miembro [de la UE] puedan ejecutar las órdenes de detención europeas dictadas contra los diputados y entregarlos a las autoridades españolas", por lo que no está claro qué decidirá el tribunal italiano que el viernes lo esc

La detención de Puigdemont provocó un seísmo de reacciones en la política española.

"España dialoga siempre de la misma manera", lamentó en las redes sociales su sucesor, Quim Torra.

El líder de la oposición, el conservador Pablo Casado pidió que se le juzgue en España y lanzó un mensaje al presidente del gobierno: "Puigdemont debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional, y Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la Justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder".

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FUENTE: AFP