La inseguridad vuelve a ser el tema de tapa de la semana

Larrañaga, que hasta ahora había mantenido una "oposición constructiva", había elogiado unos meses atrás a Bonomi asegurando que eral e "mejor ministro del Interior" del Frente Amplio.

"Modifico aquellas expresiones. Hasta ese momento podía ser considerado el menos malo de los ministros del Interior (..) Ahora es responsable de una mala gestión. La situación de inseguridad se ha agravado. Han sucedido 125 muertos, ha explotado el sistema carcelario", declaró Larrañaga a Últimas Noticias.

En el consejo de gobierno estuvo sobre la mesa la asignación de recursos de cara a la  Rendición de Cuentas cuya discusión se concluye en las próximas semanas.

Mujica, que ayer cumplió 77 años, trató el pase del sistema penitenciario fuera de la órbita del Ministerio del Interior. También se tratarán los cambios en el sistema de patrullaje preventivo en Montevideo.

Por otra parte, el Jefe de Policía, Diego Fernández, anunció hoy en Últimas Noticias que se incrementará la cantidad de personal de civil en las calles y agregó que habrá nuevas operaciones localizadas. Habrá revisaciones y cacheos de personas "en actitud sospechosa". También habrá vigilancia especial en los alrededores de centros educativos.

Este lunes la prensa recoge la versión de que el servicio policial 911 será reforzado. A fines de 2012, tendrá 90 funcionarios, en vez de los seis que atienden hoy las llamadas de emergencia.

El presidente dijo en su audición radial de M24 que los problemas de seguridad no son exclusivos de la Policía y la Justicia, sino que involucran a toda la ciudadanía.

El ministro de la Suprema Corte, Ricardo Pérez Manrique, coincidió hoy con Mujica en esas expresiones.

En declaraciones a La República, Pérez Manrique aseguró que "solo con respuesta policial o judicial la batalla (contra el delito) está perdida".

Ante hechos como el ocurrido en la cervecería La Pasiva, hay que "repensar" el Código de la Niñez y la Adolescencia, en opinión del ministro.

Para Pérez Manrique, las cosas han cambiado desde el año 1997, cuando comenzó a discutirse la última reforma del sistema penal juvenil.

El jerarca judicial cree que habría que endurecer las penas para determinados delitos graves, aunque sin renunciar a los fines "reeducativos" de los infractores.

Para él, no importa si la sanción de de 5 o 10 años, e incluso que se consiga retenerlos dentro del sistema durante ese período. Lo ideal sería, dijo, generar un sistema de "premios y castigos", que permita al delincuente acceder a mejoras en su situación en la medida que su evaluación indique que mejoró "su capacidad de reacción".