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Gobierno cierra Impuesto a la Concentración de la propiedad Rural

Esta tarde, Mujica y Astori le darán los últimos retoques al proyecto. Entre jueves y viernes entra al Parlamento. Si es así, el sábado responderá la Asociación Rural

Se va a llamar Impuesto a la Concentración de la Propiedad Rural y va a afectar a 1.200 empresas de agronegocios sobre las más de 45.000 que funcionan en el país. Su recaudación será de 60 millones de dólares. Y su destino, en principio, sería parte para caminería rural y parte para la adquisición de tierra para proyectos del Instituto Nacional de Colonización.

Esta tarde, el presidente Mujica y el vicepresidente Astori se reúnen para cerrar el acuerdo que permitirá enviar un texto definitivo al Parlamento tras más de tres meses de fuerte discusión dentro del oficialismo acerca de la filosofía del gravamen, de su oportunidad y del destino de su recaudación.

Las gremiales de productores, Asociación y Federación Rural, se mantienen en alerta permanente desde que el tema salió a luz.

Según dijo el presidente de la Asociación Rural, José Bonica, recién se emitirá opinión cuando el impuesto se conozca en forma pública. Hasta el momento no han sido consultados ni enterados de su contenido, dijo el gerente de la Asociación Rural, Gonzalo Arroyo.

El sábado próximo, con motivo de un evento rural en Durazno, la Asociación daría a conocer su opinión sobre el gravamen.

Los agronegocios representan siete de cada diez dólares que exporta Uruguay cada año. En 2010 fueron 4.500 millones de dólares.

La idea del impuesto a la tierra fue gravar la actividad agropecuaria para propietarios con extensiones de tierra superiores a 2.000 hectáreas y establecer una tasa diferencial según el campo.

Prácticamente enseguida surgieron las primeras discrepancias estaban dentro del gobierno, en especial entre Mujica y Astori, considerado el jefe del equipo económico. Astori explicó en su momento que la perspectiva de crecimiento no actuaba de la misma manera en todos los sectores del agro, y que el impuesto en todo caso debería tener un tratamiento diferente -por productividad- para los ganaderos del noreste y para los productores sojeros de la tierra premium de Soriano, por poner dos ejemplos.

Los productores levantaron su voz para advertir sobre posibles cambios en los mercados mundiales, pero la Federación Rural y la Asociación Rural mostraron disposición a pagar más aportes. Rodolfo Nin Novoa, Rafael Michelini y Jorge Saravia -alejado del oficialismo- habían adelantado en principio sus diferencias con el fondo de la cuestión.

El actual escenario de crisis mundial agrega nuevas interrogantes a las políticas de redistribución de ingreso que se pretenden implementar a través del impuesto.

La Asociación Rural está "en alerta permanente" desde que se hizo pública la intención del gobierno de gravar a los productores rurales. Mujica lo había descartado en el mes de febrero asegurando que eran "bolazos" que se le adjudicaban al partido Comunista.

El texto de la ley recoge modificaciones de los valores de referencia para calcular el Impuesto a la Tierra que se debe cobrar en la compra-venta, dijo a Últimas Noticias, Enrique Rubio, senador de la Vertiente Artiguista. En esa reactualización se tuvo en cuenta el aumento del valor de la tierra en Uruguay, que se quintuplicó en la última década, según datos de la Opypa, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Las tierras compradas antes de 2007, cuando se puso en marcha la Reforma Tributaria, escapaban al nuevo marco regulatorio, explicó Rubio.

La recaudación del impuesto se utilizará en caminería rural, mientras que el ajuste se invertirá en compra de tierras para el Instituto Nacional de Colonización, una de las exigencias impuestas por el presidente Mujica.

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