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Ginecólogos evalúan denunciar al MSP ante Corte de DD.HH.
Los profesionales entienden que el gobierno ejerce presión sobre ellos al plantearles que revean su objeción de conciencia a practicar abortos.
Más de 100 ginecólogos de todo el país evalúan denunciar al Ministerio de Salud Pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presión que reciben desde el gobierno para que revisen su objeción de conciencia a la realización de abortos amparados por la ley.
En las últimas horas se presentó un recurso de revocación y jerárquico contra la reglamentación de la norma.
El abogado patrocinante Agustín Amonte dijo a El Observador que la gira que realiza desde hace varios días el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, por el interior vulnera su derecho a la objeción de conciencia.
Este viernes Briozzo visitará a los ginecólogos de Salto que en su totalidad se ampararon en la objeción de conciencia.
Las pacientes de ese departamento están siendo derivadas a Artigas y Montevideo.
En Colonia, Paysandú, Tacuarembó y Cerro Largo varios profesionales han planteado su objeción a realizar abortos.
Los ginecólogos ven como una amenaza la intención de Salud Pública de redactar un procedimiento a través del cual se verifique la 'real objeción' de conciencia.
Briozzo entiende que algunos profesionales se niegan a realizar abortos por discrepancias con aspectos reglamentarios de la ley.
Antes de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los profesionales pretenden agotar los mecanismos a nivel nacional, según exige la normativa.
Las tres cátedras de Ginecología están enfrentadas por la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Justo Alonso, uno de los catedráticos que se opone a la normativa, aseguró que el Frente Amplio viola la autonomía universitaria al citar a los docentes a recibir información al MSP.
Alonso entiende que Briozzo, el tercer catedrático, debió haber pedido licencia al ingresar en funciones en el gobierno.
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