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Fiscalía pide archivo de causa "Familias Articuladas", sobre niños con discapacidad

A instancias de padres biológicos, ONG Seamos estuvo bajo investigación. Era liderada por Gabriela Bazzano, actual directora de la Secretaría de Cuidados y Discapacidad.

La causa se había archivado en 2017 y volvió a la consideración pública por un reciente informe de La Diaria que detalló los términos de cómo operaba la ONG Seamos, en cuyos hogares funcionó el programa "Familias Articuladas".

Los padres biológicos -en su mayoría familias vulnerables ligadas a la ONG- cuestionaban la escasa oportunidad de ver a sus hijos dentro de un régimen de tenencia compartida. Correspondía a Seamos a conexión con las otras familias que asumían gran parte el control de la crianza de los menores.

Además de problemas financieros para afrontar los altos costos de tratamientos de sus hijos, en algunos casos los padres de los niños también tenían discapacidades o presentaban enfermedades psiquiátricas.

De este modo, desde su origen "Familias Articuladas" pretendía operar como una solución para mejorar la calidad de vida de los menores discapacitados y tender un puente entre familias con intereses complementarios.

La causa judicial comenzó en 2015, luego de que trabajadores del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del hospital Pereira Rossell denunciaran que una usuaria de Seamos se fue del hospital junto a su bebé acompañada por dos personas, sin el alta médica de la niña y con una vía colocada.

Luis Pacheco era el fiscal de Crimen Organizado entonces y lo es ahora en el nuevo pedido de archivo de la causa. Ahora la Justicia de Crimen Organizado tendrá 45 días para definir el futuro de la causa judicial

A juicio del fiscal no hubo ilegalidades en el régimen de tenencia compartida de niños con discapacidad. Pacheco entiende que revisión de las tenencias debe plantearse ante los juzgados de Familia que autorizaron el sistema, informó El Observador.

El dictamen reconoció que podría discutirse jurídicamente la validez del consentimiento

Sin embargo, una denuncia presentada por el FA entiende que se cometió el delito previsto en el artículo 350 del Código Penal, que establece el abuso vinculado con la inferioridad psicológica de los menores y de las personas con discapacidad.

Según recuerda hoy La Diaria, la fiscal Brenda Puppo derivó a Pacheco la causa abierta por la Defensoría del Vecino sobre el hogar de Seamos, y una denuncia presentada por legisladoras del Frente Amplio (FA) que hacía referencia a la investigación que entre 2015 y 2017 llevó adelante el Juzgado de Crimen Organizado.

Las legisladoras del FA Sandra Lazo, Silvia Nane y Ana Olivera (exsubsecretaria del Mides) denunciaron a Bazzano y a Seamos por violar "de manera clara y evidente los estándares y buenas prácticas internacionales respecto del tratamiento de la discapacidad, negándoles a las personas involucradas cualquier atisbo de dignidad”.

La denuncia sugiere que la acción de la ONG podría implicar el delito de asistencia y consejo desleal previsto en el artículo 195 del Código Penal.

Para las denunciantes debía “investigarse el alcance del asesoramiento brindado por los profesionales del derecho [a los padres con discapacidad] a los efectos de efectivizar las tenencias”.

En el centro de la polémica estuvo siempre Gabriela Bazzano, nombrada por este gobierno al frente de uno de los departamentos más sensibles del Ministerio de Desarrollo Social: la secretaría de Cuidado y Discapacidad.

La denuncia contra la ONG Seamos, seguramente uno de los antecedentes que argumentó su contratación, volvió a estar en el punto de mira.

Desde la oposición se pidió su renuncia, pero el ministro Bartol la mantuvo en el cargo.

En paralelo, el hogar Seamos tiene otra denuncia en investigación en la Institución Nacional de Derechos Humanos, por omisión de asistencia a algunos de los jóvenes que viven allí.

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