El expropietario de la aerolínea Cosmo Antonio Álvarez Hernández declarará ante un juez español por el caso Pluna y según se anunció deberá presentar los correos electrónicos que intercambió durante la negociación previa al remate de aviones.
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El dueño de Cosmo indagado en España por el Caso Pluna
Antonio Álvarez Hernández, quien se declaró en la "indigencia" deberá mostrar los mails que supuestamente prueban promesas de pago a cambio de ser pantalla en la subasta.
Fue citado por el juzgado de instrucción Nº 2 de Madrid a pedido de la justicia de Crimen Organizado de Uruguay.
Álvarez Hernández liberó una veintena de e-mails en los que el supuesto representante de la compañía, Hernán Calvo Sánchez, lo iba manteniendo al tanto de las conversaciones con el gobierno.
El empresario, que un año después del remate dio quiebra, dijo que el gobierno uruguayo le prometió la totalidad del aval (13.7 millones de dólares) a cambio de que su compañía fuera la pantalla para la compra de los siete Bombardier en poder de Pluna.
Sin embargo, reconoció que recibió 700.000 dólares a manera de adelanto.
En declaraciones a Búsqueda y El País, Álvarez Hernández dijo estar en la “ruina y la indigencia”, en parte por el escándalo que se generó a partir de la subasta.
El hombre cerró la empresa y desde entonces dijo no tener ingresos como para mantener a su familia. También dijo que fue amenazado de muerte por desconocidos, al parecer por el negocio de Pluna.
En algunas de las entrevistas dijo que realizaría un juicio al Estado uruguayo y sugirió que el Banco República podría ofrecerle un préstamo para reflotar a su compañía.
Cosmo era una pequeña empresa aeronáutica especializada en charters a Europa del Este con un capital de giro de 8 millones de dólares.
Los mails que deberá liberar el empresario -algunos de ellos publicados en la prensa uruguaya- son fundamentales para la investigación, ya que allí se establecen las bases del aval otorgado por el Banco República a pedido del exministro de Economía, Fernando Lorenzo.
Lorenzo y Calloia -titular del BROU- resultaron procesados sin prisión por abuso innominado de funciones.
Los mensajes de Calvo Sánchez también constituyen un documento sobre la participacìón del dueño de Buquebus, Juan Carlos López Mena, a quien el gobierno le había pedido su mediación.
López Mena admitió que la Administración Mujica le pidió que acercara inversores, y luego ofició como garantía del aval de 13.7 millones de dólares equivalentes al 10% de la operación de compra.
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