En el establecimiento penitenciario Comcar, una banda cobró "peajes" (extorsiones) a unos 70 reclusos, solicitando a sus familiares giros en redes de pago, informa El País.
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"El Chopo" extorsionó a familiares de 70 presos del Comcar por "seguridad"
Giros de entre 1.000 y 4,000 pesos eran cobrados por una exconcubina en redes de cobranza. Venta de drogas tiene pena menos dura que la extorsión
Las autoridades pudieron comprobar que pedían giros de 4.000 pesos o más para otorgar "seguridad" al preso.
El dinero era girado a nombre de la exconcubina del preso extorsionador, conocido como "El Chopo".
Se supo que este recluso trabajaba con varios más en las averiguaciones de quien iba a ser la víctima.
Reunían información sobre los presos recién llegados, sobre su situación, familiar y financiera, sobre el delito que cometió y los familiares que los visitaban.
Una de las formas de engañar al nuevo recluso era ofrecerle un celular para hablar con sus familiares. De este modo quedaba el registro de la llamada y entonces podían comenzar a operar las extorsiones.
Solicitaban dinero a lo que seguían después amenazas de muerte.
No es la primera vez que ocurre en el Comcar una situación como ésta. Lo curioso es que en una de las extorsiones el familiar de la víctima reconoció la voz del preso que llamaba para exigir dinero.
Según El País, era un conocido de su barrio. Agentes de la Zona II (Pocitos) concurrieron a interrogar al denunciado y éste reconoció trabajar para El Chopo.
A su vez, el lider de la banda negó todo, pese a las innumerables pruebas en su contra, como que el destinatario del dinero era una exconcucina y que una de sus visitas habituaes era quien le traía el dinero de los giros a la cárcel.
Hábil declarante, el Chopo dijo que el dinero era producto de la venta de drogas dentro de la cárcel.
Al parecer, es una estrategia bien pensada, ya que el delito por vender droga es penado con menor cantidad de tiempo que el delito de extorsión.
El fiscal Gutavo Zubía no le creyó y pide procesamiento por extorsión, que equivale a siete años edicionales de cárcel.
El juez Huberto Alvarez aun no se ha expedido al respecto, dice El País.
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