El 30% de los conductores de Montevideo maneja con libreta trucha

Solo el fraude descubierto en la Intendencia de Colonia ya alcanzó a 1.500 licencias de conducir falsas y el monto de los delitos está valuado los $ 10.500.000.

El monto podría ser mayor. La cadena de corrupción descubierta en la Dirección de Tránsito de Colonia es más amplia. La investigación está abierta y la jueza analiza más información. En 2009 el Departamento de Automotores inició la investigación en Montevideo.

En octubre del año pasado el intendente de Colonia, Walter Zimmer, resolvió concretar la denuncia ante la Jefatura de Policía capitalina. Desde entonces la investigación entró en su fase decisiva hasta que llegó el día clave: el viernes 10 de junio, cuando los investigadores detuvieron a un gestor montevideano, a un "cliente" y su acompañante, y a dos funcionarios municipales.

Desde entonces los investigadores de Automotores obtuvieron evidencias de que se habían "vendido" unas 1.500 licencias de conducir. Según consta en uno de los autos de procesamientos el interesado debía pagar unos $ 7.000 para obtener el documento. Sobre esta base puede estimarse que la maniobra descubierta hasta ahora podría superar el monto de $ 10,5 millones.

Fuentes de la investigación consultadas por El País aseguran que lo descubierto hasta ahora es solo "la punta" y que abajo hay mucho más.

El equipo de investigadores, formado por el subcomisario Ney Da Rosa y siete policías del Departamento de Automotores regresó a Montevideo, mientras la jueza Beatriz Larrieu analiza una considerable cantidad de información reunida. Las actuaciones se retomarán el lunes con la citación a al menos otros tres funcionarios de Tránsito.

implicados. El "trámite" era bastante sencillo. Alguno de los tres gestores que operaban en Montevideo -la investigación no ha probado que se conocieran entre sí o que actuaran de común acuerdo- llevaba a su "cliente" hasta Colonia para obtener la licencia de conducir.

Al principio la normativa municipal requería que el interesado certificara su domicilio en el departamento mediante una constancia policial. Como tal domicilio no existía el policía que extendía el certificado debía recibir "su parte": $ 400. Pero luego la normativa cambió y se exigía solamente la credencial cívica, por lo que el interesado debía hacer el traslado en la Corte Electoral. A los investigadores no les consta que pagaran ningún soborno en este caso para conseguir el traslado. En cambio sí se investiga qué policía pudo haber recibido dinero por este "trámite".

Luego todo quedaba en manos de los funcionarios de la Dirección de Tránsito. Quien expedía la libreta recibía en pago entre $ 1.500 y $ 3.000, una parte de esa ganancia también iba para el médico que extendía el certificado de aptitud. La magistrada ya indagó a un médico que trabaja en la Dirección de Tránsito: recobró la libertad sin perjuicio de volver a ser citado.

PORTAFOLIO DEL TERROR. Algunos de los funcionarios municipales procesados -de momento son cuatro, dos inspectores y dos administrativos- ya comenzaron a aportar información.

Fuentes de la investigación señalaron que uno de ellos llegó al Juzgado Letrado con un portafolios cargado de CD y documentos que presentó a la jueza. El indagado aportó copias de correos electrónicos que involucran a jerarquías en las maniobras. Paralelamente, desde que comenzaron las instancias judiciales, varios funcionarios se han contactado con los investigadores para prestar, en forma voluntaria, información sobre el caso.

Muchos serán citados a partir del lunes en la sede judicial. "Esto recién empieza", aseguraron los informantes.