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Desalojo policial en Paraguay deja decenas de fallecidos

Fernando Lugo, destituyó al ministro del Interior, Carlos Filizzola, y al comandante de la Policía tras el sangriento enfrentamiento.

 

El nuevo ministro del Interior de Paraguay, Rubén Candia Amarilla, juró hoy su cargo ante el presidente del país, Fernando Lugo.

Ex fiscal General del Estado (2005-2011), Candia Amarilla sustituye a Carlos Filizzola, destituido ayer, viernes, tras la muerte de quince personas en un enfrentamiento a tiros entre policías y campesinos sin tierras durante el desalojo de una hacienda invadida del noreste del país.

Los hechos motivaron también la destitución del comandante de la Policía, cargo que asume hoy interinamente Arnaldo Sanabria Morán, jefe de la Cuarta Zona Policial (Ciudad del Este), anunció la Presidencia.

El nuevo ministro dijo en rueda de prensa que "las prioridades están a la vista, no necesitan muchos comentarios" y que ejercerá el cargo "con la ley en la mano".

Comentó que puso como condiciones a Lugo para asumir la cartera de Interior "el cumplimiento irrestricto de las disposiciones legales, el Estado de Derecho y el sistema de legalidad de convivencia".

En el acto de juramento no estuvo presente el ministro saliente, quien el viernes anunció que había puesto su cargo a disposición del presidente pocas horas después del enfrentamiento a tiros que se cobró la vida de al menos seis policías y nueve campesinos en el departamento de Canindeyú, colindante con el estado brasileño de Paraná.

El hecho se produjo en la estancia Morumbí, propiedad del conocido empresario y político paraguayo Blas N. Riquelme, en la colonia Ybyrá Pytá, a 380 kilómetros al noreste de la capital.

El enfrentamiento motivó que durante la víspera Lugo mantuviera una reunión de urgencia con sus colaboradores, así como la celebración de sendas sesiones extraordinarias en el Senado y en la la Cámara de Diputados, y otras del Tribunal Supremo.

En Paraguay son constantes las invasiones de hacienda por parte de los campesinos sin tierras que reclaman la distribución de propiedades que presuntamente fueron cedidos de manera ilegal a latifundistas durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

 

 

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