El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley que crea el “Fondo de Emergencia Hídrica ” para atender los gastos que deba hacer frente el Ministerio de Salud Pública (MSP) y demás prestadores públicos de la salud, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), como consecuencia directa de la emergencia hídrica.
Poder Ejecutivo envió al Parlamento proyecto de ley que crea el "Fondo de Emergencia Hídrica"
Los recursos serán además para el pago de las prestaciones del Banco de Previsión Social (BPS) y la caída en su recaudación y la de la Dirección General Impositiva (DGI) por las exoneraciones tributarias que se dispongan, como consecuencia directa de la emergencia hídrica. El fondo atenderá también “toda actividad estatal destinada a la protección de la población frente a la emergencia hídrica”.
En cuanto a la financiación, el artículo 2 del proyecto prevé como fuente de ingresos los fondos provenientes de organismos internacionales y multilaterales de crédito; contribuciones que puedan realizar las personas públicas no estatales, siempre que no afecte el cumplimiento normal de sus cometidos; donaciones en dinero, tanto nacionales como extranjeras; toda otra partida, fondo o contribución, así como aportes de Rentas Generales.
El artículo 3 establece que el Poder Ejecutivo deberá rendir cuentas ante la Asamblea General, dentro de los 180 días posteriores al vencimiento de la vigencia del Fondo de Emergencia Hídrica. Si ese plazo vence dentro del período de elaboración de la próxima Rendición de Cuentas, se podrá prorrogar por 90 días más. El plazo de vigencia del fondo será determinado por el Ejecutivo.
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo explica que el déficit hídrico “ha afectado significativamente los servicios de agua potable que brinda el Estado, encontrándose determinado sector de la población en un estado de vulnerabilidad por razones sanitarias o económicas, además de resentir seriamente algunos sectores de la actividad privada a través de la reducción parcial o total de actividades y el envío al seguro por desempleo de una cantidad elevada de trabajadores”.
Además, repasa las medidas adoptadas por el gobierno como la eliminación de impuestos a aguas minerales y sodas y el apoyo económico dado por el Mides para asegurar dos litros de agua diarios a las personas con mayor riesgo de vulnerabilidad.
“El alto costo que conlleva la instrumentación de las medidas adoptadas requiere de un gran esfuerzo de parte de toda la sociedad”, sostiene la iniciativa.
El proyecto “tiene como objetivo sostener a los servicios de salud en atención a la posible afectación de poblaciones vulnerables, apoyar a aquellos que más se ven afectados en su trabajo por la situación que se ha generado o pueda generarse a nivel laboral en nuestro país por la situación de déficit hídrico y apuntalar al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Administración Nacional de Educación Pública, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y al Banco de Previsión Social a través de los cuales se intenta ampararlos”, indica.
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