La Rendición de Cuentas y los cambios para el bolsillo

Una serie de cambios pretenden cubrir los aumentos de gastos programados en la nueva ley, que se explican principalmente por la educación.

La Rendición de Cuentas aprobada en el Parlamento incluye varios cambios que van a afectar el bolsillo de los uruguayos. Por el monto que implica, el principal es el aumento en la denominada Tasa Consular, una tasa que –en realidad- opera como un arancel a las importaciones de bienes de consumo final.

Para los artículos que llegan desde fuera de la región, sube de 2 a 5%, mientras que para aquellos que tienen origen en el Mercosur, el aumento es de 2 a 3%. Con esta suba el gobierno prevé recaudar 2.800 millones de pesos (casi U$S 100 millones).

La decisión encarecerá muchos artículos importados como prendas, calzado, artículos tecnológicos, etc., dato significativo si se considera que estos bienes -(por su bajo costo de origen y por la caída del dólar- han ayudado a mejorar el poder adquisitivo de las familias: mientras otros precios (tarifas, costos de salud, educación, etc.) suben, los artículos importados se han mantenido o incluso bajado sus precios. Con la tasa consular es esperable una suba, aunque su magnitud es difícil de estimar.

Además, la Rendición extiende el IRPF a los premios en juegos de azar y el IRAE a la Banca de Quiniela, con lo cual se prevén recaudar 510 millones de pesos.

Además, se crea un impuesto específico de 0,75% a las apuestas en slots, que –se prevé- recaudará unos 95 millones de pesos anuales. Si bien la nueva ley no establece un destino específico, su aprobación se justificó para destinar estos recursos a reforzar el salario de los directores de liceos.

Asimismo, se incorporan como sujeto de IRAE (Impuesto a la Renta de la Actividad Económica) los servicios por internet desde el exterior, como proveedores de video o música online, y otros, considerándose que el 50% es renta de fuente uruguaya.

Se considera que es una medida de justicia tributaria, para que los proveedores locales de esos servicios (que ya pagan el impuesto) compitan en igualdad de condiciones. Es esperable que esto aumente el precio de estos servicios internacionales, aunque –también en este caso- es difícil cuantificarlo.

Finalmente, se reduce el número de años que los profesionales deben aportar al Fondo de Solidaridad, bajando de 35 a 25. Esta medida fue aprobada por la oposición, cuando gozó de una mayoría transitoria en Diputados, articulado que quedó sin cambios en el Senado. Lo que hace es volver a la situación previa a la última ley de Presupuesto (que elevó el período de aportación de 25 a 35 años). Así, los profesionales que cumplan 25 años de aportes, dejan de pagar el Fondo, lo que constituye una reducción de recursos para la Udelar.

Los cambios tributarios descriptos buscan cubrir los aumentos de gastos dispuestos en la misma ley, que se aplican principalmente en la educación. Son cambios menores –aunque adicionales- al fuerte aumento de impuestos que se aplicó el año pasado, y que hoy explica buena parte del aumento actual de la recaudación.

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