La crisis de los refugiados rohinyás en Birmania en fechas clave

El 25 de agosto de 2017, militantes rohinyás organizan ataques coordinados contra puestos de policía en el estado de Rakhine, en Birmania, y matan al menos a una docena de agentes.

Los militares toman represalias con operaciones en las aldeas rohinyás, supuestamente para expulsar a insurgentes.

Se informa que mataron a 400 rebeldes, pero opositores afirman que la mayoría de los fallecidos son civiles.

La ONU afirma que al menos 1.000 personas perdieron la vida en las dos primeras semanas de operaciones militares.

Hasta el 5 de septiembre, más de 120.000 rohinyás habían huido a Bangladesh, desbordando sus mal equipados campos de refugiados.

Ya hay al menos 200.000 rohinyás en Bangladesh procedentes de anteriores olas de violencia.

La ira internacional aumenta contra Birmania. Soldados son acusados de arrasar los hogares rohinyás y algunos líderes mundiales alegan "limpieza étnica".

En su primera declaración sobre la crisis, la líder civil de Birmania y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, se compromete el 19 de septiembre a pedir cuentas a los violadores de derechos humanos, pero se niega a culpar a los militares.

El 23 de noviembre, Bangladesh y Birmania acuerdan empezar a repatriar a los refugiados.

Pero el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que no están dadas las condiciones necesarias para su retorno seguro y el proceso se detiene.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, advierte el 5 de diciembre de posibles "elementos de genocidio" y pide una investigación internacional.

El 25 de agosto de 2018, decenas de miles de refugiados rohinyás organizan protestas para conmemorar el primer aniversario de su éxodo.

Los investigadores de la ONU piden que se procese al jefe del Ejército de Birmania y a otros cinco altos mandos militares por genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

En noviembre fracasa un intento de repatriar a 2.260 rohinyás, quienes se niegan a marcharse sin garantías de su seguridad.

El 3 de septiembre, dos periodistas de la agencia Reuters, acusados de violar la ley de secretos de Estado de Birmania al reportar sobre una masacre de rohinyás, son encarcelados durante siete años.

Pasarían más de 500 días tras las rejas antes de ser liberados gracias a un indulto presidencial.

El 16 de julio de 2019, Washington anuncia sanciones contra el jefe del Ejército de Birmania y otros tres altos cargos castrenses.

Unos 3.500 refugiados rohinyás son autorizados a volver a casa, pero ninguno se presenta para hacer el viaje el 22 de agosto.

El 11 de noviembre, Gambia presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la que acusa a Birmania de genocidio por su trato a los rohinyás.

Tres días después, la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, da luz verde a una investigación completa sobre la persecución de los rohinyás.

En la misma semana, un tercer caso es presentado por grupos de derechos en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.

El 10 de diciembre, Gambia expone su caso ante la CIJ con Suu Kyi dirigiendo personalmente la defensa de Birmania.

Refuta las acusaciones de genocidio y niega las denuncias "engañosas e incompletas" e insistiendo en que Birmania está lidiando con un "conflicto armado interno".

Admite que los militares pudieron haber desplegado un uso excesivo de la fuerza.

En su sentencia del 23 de enero de 2020, la CIJ ordena a Birmania a tomar medidas urgentes para evitar el presunto genocidio y que informe dentro de cuatro meses.

En febrero de 2021, el equipo jurídico de Birmania -menos Suu Kyi, que se encuentra bajo arresto domiciliario tras el golpe militar- argumenta que el tribunal no tiene jurisdicción sobre el caso y debe desestimarlo antes de pasar a las audiencias de fondo.

Los jueces de la CIJ deben decidir ahora si el tribunal tiene jurisdicción para proceder.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, debe anunciar el lunes 21 de marzo la decisión oficial de calificar la represión como genocidio en un discurso pronunciado en el Museo del Holocausto de Washington.

La medida podría ser acompañada de nuevas sanciones y de restricciones a la ayuda, entre otras sanciones contra una junta militar ya aislada, según reportes de prensa.

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FUENTE: AFP