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PRÓXIMOS PASOS

Juicio entre el Estado y Cardama continúa: Defensa no pagará el hito de febrero y habrá conciliación en marzo

Si bien existió una intención de mediar por parte del astillero español, el resultado no fue el deseado. Las diferencias entre las partes continúan y será la Justicia la que resuelva qué sucederá con las construcción de las patrulleras y el contrato.

Desde que el Estado uruguayo firmó el contrato con el astillero español Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas se pagaron unos 30 millones de dólares, de un total de 90 millones.

Dichos pagos se llevan adelante una vez que la construcción de las naves alcanzan hitos o dicho de otra manera, avances de obra. El próximo hito está marcado para el mes de febrero y depende de la instalación de los motores Caterpillar, algo que según lo manifestado por el subsecretario de Defensa, Joel Rodríguez, durante la interpelación realizada en el Parlamento, no se daría por lo que el Estado uruguayo no deberá cumplir con ese compromiso económico.

El gobierno nacional envió inspectores uruguayos a España en los últimos meses de 2025, acompañados por una segunda auditoría de la calificadora internacional Bureau Veritas, que respalda el trabajo estatal, para verificar los avances reales.

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, expresó en los últimos días de diciembre su preocupación por la “aceleración” de los trabajos tras un período de parálisis y advirtió que “la colocación de la quilla puede ser solamente presentar una chapa”, subrayando que Uruguay no cederá en la calidad del material, pues de esta depende la seguridad de sus efectivos y que tampoco realizará más pagos por ese avance teniendo en cuenta que no es el acordado en el contrato y sí la instalación de los motores.

Con respecto al proceso judicial, aún no finalizó y continuará una vez que culmine la feria judicial de verano. El gobierno de Yamandú Orsi presentó en el mes de octubre una denuncia contra el astillero español por diversas irregularidades en torno al contrato por las embarcaciones, mientras que en diciembre realizó una ampliación de la misma, donde se le agregó una pericia que fue solicitada por parte del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. La firma digital que consta en el documento de la garantía fue calcada.

Si bien existió una intención de mediar por parte del astillero español, a través del doctor Gonzalo Fernández, el resultado no fue el deseado. Las diferencias entre las partes continúan y será la Justicia la que resuelva qué sucederá con las construcción de las patrulleras y con el contrato entre el Estado uruguayo y Cardama. Según han confirmado autoridades del Ministerio de Defensa, en el mes de marzo está fijada una audiencia de conciliación entre las partes.

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