El estatuto de los conductores de aplicaciones como Uber vuelve a discutirse en California luego que un juez consideró el viernes inconstitucional e "inaplicable" un referéndum de noviembre de 2020 que los consideró trabajadores autónomos.
Juez de California declara inconstitucional una ley sobre choferes de aplicaciones
Uber y Lyft, líderes estadounidenses en servicio de autos con conductor, habían sometido a votación popular una ley para consagrar la independencia de los conductores en California, luego que ese estado adoptó en 2019 una norma que obligaba a considerarlos como empleados.
Las dos empresas y otras plataformas ganaron la partida en el referéndum: un 58,6% de los electores se pronunció a favor de la llamada "Proposición 22", que obligaba a considerar autónomos a los conductores pero les otorgaba algunos beneficios adicionales.
Sin embargo, un juez de la Corte Superior del Condado de Alameda sentenció que esa ley viola la Constitución de California porque "limita el poder de una ... legislatura para definir a los conductores basados en aplicaciones como trabajadores sujetos a la ley de compensación laboral".
Por tanto, el resultado del referéndum es "inaplicable", agregó.
"Vamos a apelar y creemos que vamos a ganar", respondió un vocero de Uber. "Esta decisión ignora la voluntad de la mayoría de los votantes californianos y no tiene sentido en términos de lógica ni de derecho", señaló.
Para Erica Mighetto, una conductora que hizo campaña por el estatuto de empleado de estos trabajadores, este fallo judicial constituye en cambio "un triunfo para el futuro del trabajo a través de aplicaciones".
"Estoy muy satisfecha de que los tribunales vean la Propuesta 22 como un intento de destruir los derechos laborales. Creo que ahora los conductores tienen una oportunidad real de luchar por ingresos suficientes para vivir y por un ambiente de trabajo justo", dijo a la AFP.
Junto a su competidor Lyft y los servicios de entrega, Uber ha gastado más de 200 millones de dólares en la promoción del "sí" a la Proposición 22.
Recalificar a los conductores como empleados significaría derechos y beneficios sociales como las prestaciones por desempleo o la posibilidad de una negociación colectiva.
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FUENTE: AFP
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