Una perito independiente argentina, una abogada y una periodista mexicanas denunciaron este miércoles que fueron espiadas por la extinta Procuraduría General de México (PGR) durante sus trabajos sobre desapariciones forzadas.
Investigadores de desapariciones forzadas denuncian espionaje oficial en México
Mercedes Doretti, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia; y Marcela Turati, periodista galardonada han denunciado irregularidades en los expedientes de la masacre de 196 personas, cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando Tamaulipas en 2011.
En mayo pasado, la justicia reveló partes de una investigación dirigida en principio contra delincuentes, según la cual la PGR obtuvo información de las tres profesionales como mensajes, llamadas telefónicas y puntos de geolocalización entre 2015 y 2016. Esa pesquisa sigue abierta.
La PGR, reemplazada por la Fiscalía General desde 2018, fundamentó estos seguimientos "en una investigación de delincuencia organizada y secuestro", dijo en una conferencia de prensa conjunta Delgadillo, abogada de familiares de personas encontradas en las tumbas, entre las que se encuentran centroamericanos.
"Es claramente una violación a la libertad de prensa, al derecho a la representación legal y al derecho a una investigación forense independiente", acusó Doretti.
Para Marcela Turati, espiada también por autoridades mexicanas mediante el software Pegasus, las investigaciones de las fosas la llevaron a concluir que "hay una delincuencia organizada dentro del gobierno", donde existe "un entramado de instituciones que operan la impunidad".
"Esto ya no es solo Pegasus, es todo el aparato (oficial) para tratar de acosar judicialmente, para tratar de censurar", añadió.
Turati y otros 24 periodistas radicados en México aparecieron en una lista de 15.000 números registrados en el software malicioso adquirido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) a la empresa israelí NSO.
El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador asegura que el programa dejó de ser usado durante su gobierno, que comenzó en diciembre de 2018.
Hasta el momento no hay condenados por la masacre de San Fernando, donde en 2010 fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos y suramericanos.
México vive una ola de violencia desde 2006, cuando se militarizó la lucha contra el narcotráfico, con saldo de unos 300.000 asesinatos y más de 94.000 desparecidos, atribuidos principalmente a los cárteles de la droga y otras bandas del crimen organizado.
jg/nc/axm/dga
FUENTE: AFP
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