El gobierno británico presentó el miércoles ante el Parlamento un controvertido proyecto para poner fin a todos los procesos judiciales relacionados con el conflicto en Irlanda del Norte, denunciado como una "amnistía" por las familias de las víctimas.
Gobierno británico busca acabar con acciones judiciales por conflicto norirlandés
El gobierno británico presentó el miércoles ante el Parlamento un controvertido proyecto para poner fin a todos los procesos judiciales relacionados con el conflicto en Irlanda del Norte, denunciado como una "amnistía" por las familias de las víctimas.
La policía norirlandesa está investigando "cerca de 1.200 casos, lo que es sólo una fracción de las 3.500 muertes" registradas durante tres décadas de conflicto, argumentó en el parlamento el ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, precisando que el ejecutivo tiene la intención de introducir la legislación a la vuelta de las vacaciones estivales.
"Cada vez es más difícil que los tribunales den a las familias las respuestas que buscan", consideró, y "si no actuamos ahora" estamos "condenando a las generaciones actuales y futuras a nuevas divisiones, impidiendo la reconciliación".
"Sabemos que poner fin a los procesamientos será difícil de aceptar para algunos", afirmó, pero es "la mejor solución para ayudar a Irlanda del Norte a avanzar hacia la reconciliación".
Durante 30 años, el conflicto norirlandés enfrentó a republicanos católicos, partidarios de la reunificación de Irlanda, con los unionistas protestantes, apegados a la corona británica.
Dejó unos 3.500 muertos y terminó con el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998.
Enviado a la zona en misión de mantenimiento de la paz en 1969, el ejército británico tuvo una participación controvertida en el conflicto y es responsable, según el índice Sutton elaborado por la Universidad del Ulster, de unas 300 muertes durante las operaciones que terminaron oficialmente en 2007.
El proyecto británico suscita fuerte oposición en la vecina República de Irlanda.
"No creo en una amnistía general para aquellos que han cometido un asesinato, ya sean actores estatales o estén involucrados en organizaciones terroristas o ilegales", afirmó el miércoles en Dublín el primer ministro irlandés, Michael Martin.
La presentación de este texto se produce dos semanas después de que la justicia británica retirara los cargos contra dos exsoldados acusados de tres asesinatos en 1972 en Irlanda del Norte, en particular durante la masacre del "Domingo Sangriento".
La decisión, que enfureció a las familias de las víctimas, fue tomada a raíz de una revisión de las pruebas tras la absolución en mayo por un tribunal de Belfast de otros dos veteranos juzgados por el asesinato de un miembro del IRA en 1972.
spe-acc/mar
FUENTE: AFP
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