El gobierno argentino envió al Congreso este martes un paquete de leyes de emergencia económica que incluye un impuesto a la compra de divisas de 30% y el congelamiento de tarifas de servicios públicos por 180 días, informó el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Gobierno argentino congela tarifas públicas por 6 meses y cobrará 30% de tasa por compra de divisas
El nuevo ministro de Economía anuncia un paquete legislativo para atacar la crisis social. Habrá cambios en el sistema de seguridad social, advirtió.
El jerarca dio los detalles del proyecto Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública.
El paquete incluye cambios en el control de compra y venta de divisas, Bienes Personales, Pymes y deuda, entre otros aspectos. La normativa ya fue enviada al parlamento.
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“Todas estas medidas están pensadas como parte de un programa integral, están todas interconectadas, estamos teniendo mucho cuidado en resolver todos los desequilibrios”, señaló Guzmán.
El gobierno de Argentina subirá los impuestos a las exportaciones agrícolas y a la compra de divisas, entre otras medidas propuestas en un proyecto de ley con el que pretende lidiar con una severa crisis económica.
La Casa Rosada había adelantado su intención gravar en un 30% las compras en el exterior con tarjetas de crédito y a los viajes al extranjero.
También incluirá operaciones con medios electrónicos que impliquen pagos en dólares, como los abonos a plataformas como Netflix.
Se confirmó que ese impuesto también aplicará para la compra de dólares por atesoramiento. No obstante, no regirá para las importaciones.
Actualmente, el acceso a los dólares para ahorro está limitado a U$S 200 por mes para cada persona, por una decisión adoptada por el Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri. Guzmán aseguró que esa restricción de acceso al mercado continuará vigente.
La economía argentina cerrará este año con una caída de 3,1%, inflación en torno a 55%, pobreza cerca de 40%, desempleo de 10,4% y una depreciación monetaria de casi 40%. “La atención de estas realidades constituye un imperativo ético”, dijo Guzmán en una carta enviada al Congreso
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