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Exsecretario de Presidencia citado en Torre Ejecutiva el 28 de setiembre

Miguel Toma debe responder ante el Dr. Ariel Sánchez, instructor de la investigación administrativa ordenada por Presidencia, informó Radio Sarandí

Toma es actualmente el fiscal de gobierno de 2do turno, un cargo que se le había reservado mientras ocupaba la Secretaría de Presidencia en la Administración Vázquez (2015-2019).

El funcionario está bajo investigación por al menos cinco viajes al exterior que realizó en los últimos meses de la gestión de gobierno.

La divulgación de los detalles de esos viajes hicieron que el presidente Luis Lacalle Pou ordenara una investigación administrativa.

El mandatario se enteró por la prensa de los hechos que apuntan a Toma y durante una visita al departamento de Maldonado dijo que le parecía un "hecho grave".

En la víspera, volvió a hablar del tema y señaló: "si fuera un funcionario de confianza ya no estaba en el cargo".

Al mismo tiempo, la actual directiva de la Junta de Transparencia anuncio que reabrirá el caso. El organismo tuvo a consideración el tema con la anterior conformación del organismo, bajo el gobierno del Frente Amplio.

Aquel directorio pidió explicaciones a Toma, dio por satisfactorios de sus dichos y archivó la causa.

Sin embargo, al divulgarse nuevos detalles del caso se estableció que hubo discrepancias en la resolución del caso.

El entonces presidente de Jutep Ricardo Gil Iribarne reveló que estuvo en contra del archivo del caso tomada por los otros dos directores, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez Larreta.

Gil se encontraba de licencia en el momento de la decisión y todo quedó por allí.

Ahora se han mostrado favorables a reabrir el caso tanto Borrelli -hoy fiscal de gobierno, al igual que Toma- como Rodríguez Larreta -hoy en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft)-.

Jutep había recibido la denuncia sobre una fuente anónima a través de un mail cifrado que relataba supuestas irregularidades y narraba las circunstancias de un viaje a Roma realizado en julio de 2019 junto a la contadora pública Giuliana Pérez. En ese viaje también fue parte de la delegación una escribana pública.

Ese viaje tenía como objetivo participar de las audiencias por el Plan Cóndor. Entre los imputados había militares, policías y colaboradores de las dictaduras del Cono Sur en los años 60 y 70. Las acusaciones apuntaban al secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas con ciudadanía italiana. Varios uruguayos fueron imputados por estas causas, entre ellos el excapitán de navío Jorge Troccoli.

Según Toma, la contadora Pérez, de 26 años, tenía el rol de investigar el lavado de activos en esas operaciones represivas ocurridas dentro y fuera de Uruguay durante la segundo mitad de la década de los 70.

Pérez también acompañó a Toma a Estados Unidos para participar de las audiencias de mediación por Aratirí. La minera inició una demanda al Estado uruguayo por los cambios normativos que -según la empresa- fueron determinantes para el retiro de su inversión en el país.

Las nuevas investigaciones incorporan en total cinco viajes, dos a Italia y tres a Estados Unidos en un corto relativamente corto de tiempo.

SESIÓN ORDINARIA EN JUTEP PARA DECIDIR

La presidenta de Jutep, Susana Signorino, confirmó que la investigación se reabrirá entre otros motivos a la “falta de información” aportada por el anterior directorio, integrado por Ricardo Gil Iribarne, Matilde Rodríguez Larreta y Daniel Borrelli.

Si bien aclaró que los “pasos a seguir” y las líneas de investigación se van a definir en la sesión ordinaria de este jueves, adelantó que a su entender deberían solicitar “los informes realizados por el doctor Toma a Presidencia, a la vuelta de las misiones oficiales”, que detallan lo realizado por los funcionarios en el viaje.

Por otro lado, comentó que se indagará en los topes de los pasajes que figuran en el expediente que entregó Presidencia, los cuales eran distintos para Toma y las funcionarias que viajaron con él. En el caso de Roma era una contadora y una escribana. En otros casos, Toma y la contadora.

“Para el doctor Toma eran de alrededor de 6.000 dólares y para las personas que lo acompañaron eran de 2.000”, explicó. Una “suposición” que se hace a partir de estas cifras es que el secretario de Presidencia viajó en primera clase, lo cual “no es común”, apuntó la jerarca. Según indicó, en el expediente no está el detalle de los pasajes, sino las “devoluciones de viáticos [y] una rendición de cuentas parcial”. “Lo único que dicen es que gastaron tanto y que devuelven tanto”, comentó en una entrevista con El País.

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