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El impuesto al agro no salió, pero sí el referéndum consultivo

El Consejo de Ministros dejó en suspenso el tratamiento de la ley para la tenencia de tierra. En cambio, Mujica ya ordenó el proyecto para la consulta popular

El presidente José Mujica mostró su firme intención de crear un proeycto de ley que establezca el instrumento de democracia directa llamado referéndum consultivo. El mecanismo no tendrá efectos jurídicos y será una forma en que el gobierno decidirá asuntos controversiales. El primero de esos temas será el proyecto minero de Aratirí, pero el gobierno quiere utilizarlo en otros temas como aborto, seguridad pública, entre otros.

El impuesto al agro cuyo borrador se iba a aprobar esta mañana en el Consejo de Ministros es un elemento más de un paquete de medidas fiscales que el gobierno prepara para los próximos meses.

El impuesto obligará a quienes tengan entre 2.000 y 5.000 hectáreas con un índice coneat 100 a pagar US$ 8 por año y por hectárea. Para los dueños de entre 5.000 y 10.000 hectáreas deberán abonar US$ 12 y los propietarios de campo superiores a 10.000 hectáreas pagarán US$ 16 anuales.

Se le agregarán las correcciones hechas por el vicepresidente Danilo Astori, quien planteó la necesidad de fijar alícuotas en tres niveles: alto para forestación, medio para cereales y lechería y bajo para ganadería.

Según estimaciones del gobierno, se recaudarían unos US$ 60 millones que en principio se destinarían a distintas obras de infraestructura.

También se sustituirá el impuesto a los semovientes (1%) que cobran las intendencias por el movimiento de ganado, y será sustituido por una tasa único vial que tendrá el cuenta el uso de la caminería rural.

El gobierno también abordará el tema de la concentración de la tierra.

El presidente José Mujica, en declaraciones a Subrayado, sostuvo que entiende que el problema no es la extranjerización de las explotaciones agrícolas, sino su concentración.

La tierra es un bien escaso en el país, y no toda está en condiciones óptimas para la alta productividad.  

Uruguay tiene 16 millones de hectáreas cultivables. El 35% de esas tierras están en manos de empresas provenientes de Argentina. También hay fuertes jugadores en el mercado como Union Agriculture Group (invirtió 400 millones de dólares en dos años), Montes del Plata, UPM,
En los últimos cinco años se multiplicó por siete la cantidad de territorio dedicado a la soja, uno de las materias primas más rentables por el fácil acceso al mercado asiático. El Tejar y Agronegocios del Plata son las principales razones de la explosión de estos cultivos en el litoral sur, la tierra premium del país.

"A mí no me preocupa tanto (la extranjerización de la tierra), somos todos descendientes de emigrantes, me preocupa que alguna gente, porque tiene mucha plata, pueda juntar mucha tierra, porque es un recurso finito", dijo ayer el presidente.

Pero las afirmaciones del presidente están sustentadas por el Partido Comunista. En una reunión del Comité Central realizara el domingo, el senador Eduardo Lorier adelantó que su sector a.

Cabe recordar que fueron los comunistas los primeros en hablar de un impuesto al agro en febrero pasado. Al ser consultado en su momento, el presidente Mujica dijo que se trataba de "bolazos". Sin embargo, la oficina de Planeamiento y Presupuesto estaba preparando el proyecto de ley que hoy se aprobará y saldrá hacia el Parlamento. Hay al menos tres senadores oficiales (Saravia, Nin Novoa y Michelini) que tiene grandes reticencias para votarlo.

SEGUNDO SEMESTRE DIFÍCIL PARA LOS PRODUCTORES

El senador Héctor Tajam (MPP) confirmó que los cambios de tributación para el sector recién comienzan. "Después que salga este proyecto único del Poder Ejecutivo sobre las tierras, vendrán otras medidas que tienen que ver con el bajo aporte que tiene el sector agropecuario en lo que hace al funcionamiento de las políticas públicas", dijo Tajam.

Adelantó que se incluyen cambios al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba). Además, se podría incluir el cobro del impuesto de Primaria y al Patrimonio, de los que hoy el agro está exonerado.

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