Mientras Brasil está embebido en el clima deportivo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en Brasilia el Senado dio un paso decisivo hacia la destitución de la presidente suspendida, Dilma Rousseff, al aceptar, por 59 votos contra 21, la acusación sobre irregularidades fiscales en el presupuesto 2015, lo cual refuerza al nuevo oficialismo que sustenta al mandatario interino, Michel Temer, para confirmarse en el poder.
Dilma a un paso de la destitución: hay más votos de los necesarios
El Senado de Brasil votó por 59 a 21 la acusación contra Dilma Rousseff por irregularidades en el Presupuesto.
La sesión, que duró 17 horas, enfrentó a los defensores del impeachment con los de Rousseff, mientras que en al menos 16 ciudades de Brasil se realizaron manifestaciones de grupos de izquierda que reclaman la salida de Temer del gobierno, al que acusan de golpista.
El resultado pone en aprietos las negociaciones de Rousseff para el día del veredicto, posiblemente el 29 de agosto, ya que el Senado puede destituirla con dos tercios de los votos, es decir, 54 de los 81 senadores.
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La votación respaldó el informe acusatorio contra Rousseff confeccionado por el senador Antonio Anastasia, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado de Temer, que indicó que Rousseff violó la Constitución al realizar movimientos en el presupuesto sin autorización del Congreso.
El presidente del PSDB, Aécio Neves, fue el encargado de hablar en representación del partido de Temer.
La senadora del PT, Gleise Hoffman, defendió a Rousseff y apuntó hacia los casos de corrupción en los que están involucrados quienes fomentan el impeachment.
“No hay ningún partido aquí que tenga la moral como para apuntar hacía el PT, Lula o Dilma, denunciando alguna cosa. Todos aquí están involucrados de cierta forma con cuestiones de corrupción y desvíos. No tienen moral para juzgar a esa presidenta de la República”, dijo.
El próximo paso será la sesión que a fin de mes deberá sostener el Senado para definir si absuelve o condena a Rousseff, ahora procesada, por supuestamente violar la ley de responsabilidad fiscal de 2015, una acusación que es calificada como un 'golpe parlamentario' por parte de sus defensores.
El juicio definitivo comenzaría en torno al 25 de agosto, cuatro días después de la clausura de los Juego Olímpicos de Río 2016, y durará cinco días.
Los parlamentarios del Partido de los Trabajadores (PT) anunciaron que recurrirán a la comisión de derechos humanos de la OEA para que se suspenda el juicio político.
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