“La Institución Nacional de Derechos Humanos considera que la derogación de la Ley Integral para Personas Trans tendría un impacto devastador sobre la protección de los derechos humanos y de las minorías en nuestro país, significaría un retroceso en el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas y es contraria a las obligaciones internacionales asumidas por la República”, concluye el comunicado de la Institución publicado este lunes de tarde.
Derogar la ley trans sería "devastador" y un "retroceso"
La Institución Nacional de Derechos Humanos se manifestó en contra del pre referéndum convocado por el nacionalista Carlos Iafigilola.
En otro punto asegura que una mayoría circunstancial de ciudadanos no puede quitarle derechos a una minoría: “La INDDHH entiende que los avances logrados en Uruguay para vivir con dignidad, deben ser protegidos por la ley y por la sociedad. Los derechos humanos reconocidos a las minorías (sean estas raciales, religiosas, por opinión política, identidad de género, estado de salud, o posición económica, entre otras) no pueden ser anulados por la decisión de una mayoría, que siempre será circunstancial y cambiante”.
El pre referéndum está convocado para el domingo de agosto y el voto “no es obligatorio”, recuerda la Institución de DDHH.
Más de 4000 personas participaron en la Inju 5K con la salud mental como consigna
La convocatoria la logró el ex precandidato del Partido Nacional Carlos Iafigliola tras presentar ante la Corte Electoral casi 70.000 firmas.
Para que la Corte convoque a un referéndum, el domingo 4 deben votar cerca de 650.000 personas, el 25% del padrón electoral.
“De alcanzarse la mayoría necesaria constitucionalmente en la jornada del 4 de agosto, se abre una instancia que puede tener un impacto muy importante en materia de derechos humanos en nuestro país”, señala la INDDHH.
Recuerda además que “la ley Integral para Personas Trans, vigente desde octubre de 2018, reconoce y protege los derechos humanos de las personas trans, sector de la población que ha sufrido durante décadas la discriminación, violación y la postergación de tales derechos”.
“Como consecuencia de esa discriminación, hoy en Uruguay las mujeres trans tienen una esperanza de vida de menos de 40 años. La mayoría de las personas trans sufre discriminación en el ámbito familiar, escolar y laboral. El 67% se han visto empujadas al trabajo sexual en algún momento de sus vidas, quedando expuestas a violencias y enfermedades”, agrega el comunicado.
Iafigliola volvió a defender su propuesta para derogar la ley Trans y apuntó específicamente contra el artículo 4:
La Institución de DDHH enumeró en su informe los derechos asignados por la ley para las personas trans:
a) el derecho a la personalidad jurídica, para que logren que los datos en sus documentos (como nombre y sexo) coincidan con su identidad de género.
b) el derecho al trabajo, para que no se los discrimine en la búsqueda de empleo y se vean empujados a la marginalidad u obligados a vincularse al trabajo sexual.
c) el derecho a la educación, para que los jóvenes trans cuenten con las mismas oportunidades con que cuentan otros uruguayos.
d) el derecho a la salud, para que puedan abordar dignamente sus situaciones en esta área y adecuar sus cuerpos con su identidad.
e) el derecho a la vivienda, para que no sean postergados cuando buscan alquilar o comprar un lugar digno para vivir.
f) el derecho a la reparación, para las que fueron perseguidas por la dictadura por el simple hecho de ser trans.
Por otro lado, la Institución “hace notar que, contrariamente a lo que se ha dicho, los menores de edad son especialmente protegidos en esta ley. La ley requiere la autorización obligatoria de padres o representantes legales para realizar intervenciones quirúrgicas irreversibles”.
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