Comenzó la negociación salarial del sector público en el Ministerio de Trabajo

La negociación colectiva en el sector público funciona en dos grandes módulos. El primero de ellos comprende la negociación colectiva en el Poder Ejecutivo y en los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado.

El segundo módulo comprende la negociación colectiva en los organismos con mayor autonomía: Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Entes Autónomos de la Enseñanza Pública y los Gobiernos Departamentales.

A estos efectos, se constituyen Mesas de Negociación atendiendo las particularidades reconocidas por la Constitución de la República. Cada Mesa de Negociación define los ámbitos y niveles de funcionamiento según las necesidades y particularidades de cada organismo.

En Uruguay, la negociación colectiva en el sector público cuenta con larga data. A partir de 2005 se produjeron cambios en su desarrollo. El 7 de marzo de ese año por el decreto 104/2005, las organizaciones representativas de funcionarios públicos fueron convocadas para instalar una mesa de negociación con el objetivo de crear un marco regulatorio para la negociación colectiva en el sector público.

Asimismo por decreto 113/2005 del 15 de marzo de 2005 se establecieron criterios para la integración y funcionamiento de los distintos grupos de trabajo que conformarían el ámbito de negociación.

El 22 de julio de 2005 se suscribió el Acuerdo Marco de la negociación colectiva en el sector público entre las organizaciones sindicales de funcionarios públicos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina Nacional de Servicio Civil. Este acuerdo fue el antecedente inmediato de la ley 18.508 del 26 de junio de 2009, que regula la negociación colectiva en el marco de las relaciones laborales en el sector público.

La ley 18.508 define la negociación colectiva en el sector público como aquella que tiene lugar por una parte entre uno o varios organismos públicos, o una o varias organizaciones que los representen y, por otra parte, una o varias organizaciones representativas de funcionarios públicos, con el objetivo de alcanzar acuerdos que regulen lo siguiente: a) las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral, b) el diseño y planificación de la capacitación y formación profesional de los empleados en la función pública, c) la estructura de la carrera funcional, d) el sistema de reforma de la gestión del Estado, e) las relaciones entre empleadores y funcionarios, f) las relaciones entre uno o varios organismos públicos y la o las organizaciones de funcionarios públicos correspondientes y todo aquello que las partes acuerden en la agenda de la negociación.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el organismo encargado de velar por la aplicación de la ley. En tal carácter, coordina, facilita y promueve las relaciones laborales y la negociación colectiva en el sector público, cumpliendo funciones de conciliación y de mediación.