Ancap no podrá endeudarse por más de 9 millones de dólares sin autorización del Poder Ejecutivo, luego de que entró en vigencia la ley de rescate del ente que condonó su deuda.
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Comenzó intervención de Ancap: no podrá endeudarse en más de US$ 9 millones
La medida abarca a todas las empresas públicas, pero el caso Ancap -que presentó deudas por 2.300 millones de dólares- fue el precedente que determinó la decisión.
Según El País, los interventores designados por el gobierno ya comenzarona trabajar en el control de la gestión del ente petorlero. Se trata de técnicos que represnetan al Ministerio de Economía, MInisterio de Industria y Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
La situación de endeudamiento de las empresas públicas se ha convertido en un asunto prioritario para el sistema político. El líder opositor Luis Lacalle Pou propuso realizar investigadores en el resto de los entes del Estado con gestión empresarial.
También hay voces dentro del gobierno dispuestas a revisar lo hecho en los últimos años en la materia.
Un caso releventa resulta ser el del diputado Gonzalo Mujica, electo por el Movimiento de Participación Popular y que acaba de ser incorporado a Asamblea Uruguay, el grupo que lidera el ministro de Economía, Danilo Astori.
Mujica considera que hay que abrir investigadores en otros temas, como por ejemplo los negocios con Venezuela realizados durante el gobierno anterior.
Para el diputado existen "dudas serias y fundadas" de irregularidades.
Durante la presidencia de Tabaré Vázquez y luego la de José Mujica, Venezuela y Uruguay realizaron negocios que impactaron tanto en el sector público como el privado.
Venezuela ofreció petróleo al Estado a cambio de distintos bienes como leche en polvo, artículos de computación, casas prefabricadas, arroz, entre otros rubros.
Algunos negocios se hicieron por acuerdos con empresas privadas y otros a través del Fondo Simón Bolivar.
Por ejemplo, la venta de casas prefabricadas entró en un contencioso con el gobierno venezolano por supuestos incumplimientos de la empresa Umissa.
El contrato firmado entre el estado venezolano y la empresa fue en principio de 150 millones de dólares. El negocio -que se desarrolló durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez- también es investigado por la oposición en Venezuela.
Foto: Presidencia de la República
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