Cardama respondió a la Investigadora y aseguró que el Gobierno nunca le objetó ni intimó a cambiar la garantía

Cardama puso en juicio la experiencia de los representantes de la Armada Nacional en el proceso, ya que no habían participado en ningún proceso de supervisión de una nueva construcción naval. Eso quedó de manifiesto cuando sustituyó los representantes técnicos por Bureau Veritas, cuyo informe declaró "satisfactoria" la construcción, "de modo que llueve sobre mojado, vale decir, solo acredita lo que ya estaba acreditado por Lloyds Register". Además, señaló una "ralentización" del proceso constructivo por no haber contado entre marzo y setiembre de 2025 con un representante nombrado por la Armada.

Cardama aseguró que los representantes navales uruguayos "más bien parecieron policías haciendo un trabajo de fiscalización" y que no contribuyeron al avance del proyecto. "En nuestra impresión de la visita, ellos venían con un listado de preguntas a realizar con el objetivo de hacer un informe negativo de Cardama basándose en normas que no aplicaban al caso y con una mentalidad de construcción naval de hace décadas", puntualizó.

Sobre los plazos, el propietario del astillero recordó que la primera OPV debería ser entregada en 18 meses y la segunda en 30 meses; plazos que "podían considerarse exigentes", pero que se "contemplaba situaciones de retrasos de terceros". Con respecto a los motores principales, Cardama sostiene que la entrega tardía es por causas ajenas a la empresa.

"En conclusión, teniendo en cuenta que los principales riesgos y causas más habituales de retrasos estaban recogidas en el contrato como justificadas, entendemos que los plazos eran razonables y realizables", subrayó.

GARANTÍA

Mario Cardama también fue consultado por las demoras en la constitución de la garantía de fiel cumplimiento. El empresario dijo que el contrato marcaba la constitución de dos garantías, una de fiel cumplimiento del contrato por un importe del 5% del precio y otra de anticipo financiero por un 10% del precio. Esta última propuesta por el astillero, porque la legislación uruguaya no lo exigía.

Sobre la segunda garantía, Cardama aseguró que se cubría con una póliza de seguros que se pudo constituir "adecuadamente en tiempos razonables" con la empresa Redbridge. Con respecto a la garantía de fiel cumplimiento, "la forma en que debía constituirse – a primer requerimiento – y el garantizar el cumplimiento de la construcción de buques con armamento militar, dificultó su obtención de manera imprevista y efectivamente llevó tiempo cumplir con este requisito". Desde la empresa, se afirmó que "insumieron innúmeras gestiones para generar opciones de garantías que se pusieron a disposición del Estado uruguayo para su evaluación o que se frustraron por una u otra razón".

Cardama mencionó que recorrió varios bancos de renombre internacional en procura de la emisión del aval y que por la guerra en Ucrania los bancos no financiaban ni otorgaban garantías a proyectos que incluyesen armas a países que tuvieran ayudas del Banco Mundial, como el caso de Uruguay. "Naturalmente, eso lo cambió todo porque no se tenía prevista esa dificultad", agregó.

Luego, se exploró la posibilidad de que el aval fuera emitido por un banco radicado en un país caribeño, pero tras tres meses de trámites, la entidad financiera le comunicó a la empresa que no podía emitir la garantía por un "impedimento interno". También se manejó la posibilidad de que Abitab ayudara a garantizar la operación, algo que finalmente no ocurrió. Además, estuvo la posibilidad de que la garantía fuera otorgada por la empresa Redbridge, pero el formato no se ajustaba, entonces se propuso formular una adenda al contrato, lo que fue rechazado.

Cardama sostuvo que sugirió otras opciones que fueron estudiadas por el Ministerio de Defensa Nacional, que no las consideró viables. "Esta búsqueda nos llevó al aval finalmente presentado y aceptado por el Ministerio de Defensa Nacional, tras varios meses de negociaciones y revisiones del texto y las condiciones por parte del Ministerio y sus asesores externos", dijo.

"En conclusión, tanto por razones lógicas de tiempos de revisiones y preparación de documentación, como por razones ajenas a nuestro control, los tiempos insumidos fueron muy por encima de lo previsto y deseable, pero todo esto – como se explicó - lo causó a nuestro entender una situación ajena a ambas partes que era de nuestro total desconocimiento antes de la firma del contrato", sostuvo.

Mario Cardama aseguró que desde que asumió el gobierno de Orsi hasta la conferencia de prensa del 22 de octubre de 2025, en la que se anunció la intención de rescindir el contrato, el Ministerio de Defensa Nacional nunca le objetó formalmente las garantías presentadas ni fue intimado a cambiarlas ni planteó incumplimiento alguno del contrato. Recordó que días antes, el 10 de octubre, se reunió con la ministra Sandra Lazo y sus asesores, y nada fue dicho sobre incumplimientos contractuales ni nada relacionado con la garantía. De lo que sí se habló fue de la extensión de la fecha de la vigencia de la carta de crédito, por precaución ante el retraso en la entrega de los motores.

"Jamás se exhibió interés por la garantía; más bien el interés y la energía estuvieron puestos en usar el evento que se exhibía o aparecía como un fraude de la garantía de Eurocommerce – ajeno a nuestro conocimiento y por supuesto implicación alguna- para terminar con un contrato en el que no tenían interés. Ni siquiera se respetó el principio de inocencia. Directamente se nos trató como culpables de un fraude del cual no tenemos nada que ver", enfatizó. Cardama denunció penalmente a Eurocommerce ante la Justicia de España.

Tras la conferencia de prensa de octubre de 2025, Gonzalo Fernández, en calidad de mediador entre Cardama y el gobierno uruguayo, mantuvieron una reunión en Torre Ejecutiva en la que participaron el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, y la ministra Lazo, en la que le plantearon introducir reformas en el contrato, pero no hubo pronunciamiento alguno sobre la garantía alternativa ofrecida. Según el empresario español, se manejaron como opciones la rescisión del contrato, la cesión a un tercero, o la reducción del contrato a una sola patrullera, la modificación de los hitos y del sistema automático de pago, la designación de un sobrestante por parte del gobierno uruguayo, etc.

Desde la empresa, se solicitó al gobierno uruguayo que se le entregara por escrito las modificaciones pretendidas al contrato, pero "nunca se entregó ese listado", pese a los reiterados pedidos, remarcó Cardama.

ACUERDO

Finalmente, Mario Cardama expresó la disposición de la empresa para acordar una solución que contemple la flexibilidad. "Nos interesa que se busquen soluciones prácticas, ejecutables, que eviten la pérdida de valor, que consulten el valor del tiempo, los esfuerzos, esto es, nos interesan cosas más sencillas", aseguró.

El empresario recordó que en marzo de 2026 solicitó que el gobierno uruguayo resolviera qué destino le iba a dar a lo construido, y tras más de cinco meses después, no ha obtenido respuesta. "Hay mucho entonces de lo que ocuparse desde una perspectiva profesional y sabrá el Estado uruguayo qué quiere hacer. Cuando lo sepa y si eso que quiere es buscar una solución, seguramente la podremos encontrar juntos. Mientras tanto, ambas partes nos gastamos una fortuna en abogados", reflexionó.