La Secretaría Nacional de Drogas divulgó su segunda evaluación sobre la instrumentación de la ley de regulación y control del cannabis. En el informe, sobre el mercado de cannabis de uso no médico en Uruguay, se concluye que 11 años después de aprobada la normativa nuestro país se consolidó como un mercado regulado efectivo, con una expansión sostenida de sus vías legales de acceso al cannabis psicoactivo.
Cannabis en Uruguay: el 46% de los consumidores está registrado y el mercado convive con cultivadores informales
Los datos corresponden a la segunda evaluación de la Secretaría Nacional de Drogas y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) a 11 años de la regulación del mercado.
El 46% de los consumidores actuales de cannabis está registrado y puede acceder legalmente a esta sustancia. Además, muestra una caída del narcotráfico clásico (cannabis prensado), que pasó de ser la principal vía de acceso en 2014 a representar apenas el 6,7 % en 2024.
Este desplazamiento se explica por la disponibilidad de canales legales, por la estabilidad relativa del precio regulado y por el aumento de la percepción de seguridad y calidad entre quienes acceden por vías formales. Sin embargo, esta reducción convive con la persistencia de un mercado gris, integrado fundamentalmente por cannabis proveniente de cultivadores domésticos no registrados y por intercambios informales. Este segmento -distinto del narcotráfico tradicional y de menor riesgo criminal- se mantiene cercano al 30% y constituye uno de los principales desafíos pendientes, ya que limita la capacidad del mercado regulado para expandirse plenamente.
En el capítulo de salud, el informe afirma que no se registran impactos negativos significativos atribuibles a la regulación, y los indicadores de consumo problemático permanecen estables.
También se hace referencia a la intervención policial y judicial por conductas menores vinculadas al cannabis y, en ese sentido, se hace énfasis en que la claridad normativa mejoró la aplicación de la ley, aunque persisten problemas derivados de la falta de capacitación y de la heterogeneidad en los criterios de actuación entre territorios.
El informe concluye que el país avanzó en los objetivos centrales que se propone la ley -la reducción de daños, la ampliación del acceso seguro, la disminución de la criminalización y quitarle espacio al narcotráfico- pero necesita ajustes focalizados para fortalecer la eficacia del mercado regulado y reducir la persistencia del mercado gris.
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