El ministro de Ganadería Alfredo Fratti aseguró que todas las gremiales lecheras están de acuerdo con la compra que hizo el Instituto Nacional de Colonización (INC) del campo María Dolores en Florida por 32 millones de dólares para instalar allí a 16 tambos.
Alfredo Fratti aseguró que con el campo María Dolores en Florida favorecerán a 230 productores, no solo a 16 tamberos
El ministro de Ganadería Alfredo Fratti, interpelado por la compra del campo María Dolores en Florida, aseguró que el costo de 32 millones de dólares beneficiará a más de 200 familias de la zona.
“Podemos discutir y concordar o no con la compra. Es bueno preguntarle a las gremiales lecheras, que están todos los días detrás de las tetas de las vacas, ahí hay unanimidad”, dijo Fratti durante la interpelación que este viernes le hace el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva.
También aseguró que “no se está invirtiendo 32 millones de dólares en 16 tambos”, solamente, si no que se beneficiará a 215 productores de la zona, que necesitan el forraje que se producirá en María Dolores.
El ministro detalló entonces que en ese campo “se instalarán 16 tambos, un campo de recría y un banco de forraje”.
La interpelación al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Alfredo Fratti comenzó después de la hora 11 en el Senado y es por la compra de la estancia María Dolores en Florida, por parte del Instituto Nacional de Colonización.
Durante el debate de la interpelación, el senador colorado Andrés Ojeda dijo que solicitará enviar a Fiscalía y a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) la compra del campo.
"Entendimos que era pertinente mocionar que lo que aquí se esclareció en el día de hoy y en las comisiones se remita a la Fiscalía General y también a la Junta de Transparencia y Ética Pública. Vamos a dar por descontado la voluntad de transparencia del Frente Amplio que creemos que va a votar esta remisión", dijo durante la conferencia de prensa de la oposición, en un intermedio de la cámara. "Si no lo votan, realmente dejarían mucho que desear a la hora de decir qué están escondiendo que no votan la eventual investigación. Como decía Zubía, si no hay nada para ocultar, mejor que pase por ahí, nos sacamos todas las dudas y el tema queda transparentado, y sino, que se busquen responsabilidades", agregó.
"Todo se remite a una lógica de funcionamiento que se repite: como gané la elección, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces la elección no es para rey, la elección es para presidente y para integrar un Poder Ejecutivo y órganos del Estado que están sometidos a la ley, por eso los que ganan no son reyes y por eso los que ganan tienen que dar explicaciones", expresó Ojeda en el debate de la interpelación.
En esa línea, Ojeda comparó la compra de María Dolores con el caso Charles Carrera. "Tiene características similares. Haber tomado decisiones en un lugar como si fuera de su propiedad, en lugar de hacerlo como un jerarca responsable de un lugar en el que está de paso", afirmó.
Además, se refirió a una denuncia que hizo el senador blanco Sebastián Da Silva, sobre que se está pagando "el doble del precio del mercado" y dijo que "implica que un dueño vendedor beneficiado sideralmente por esta venta de forma naturalmente irregular". También aseveró que "no hay ningún informe técnico" que justifique el precio que se paga.
"Estas cosas hacen pensar no que está hecho en términos de queremos esconder, sino que está hecho de forma improvisada", dijo.
Segunda parte de la interpelación:
La compra, por 32 millones de dólares, fue cuestionada por la oposición desde que se anunció el 14 de mayo, durante el sepelio de José Mujica.
El senador interpelante es el blanco Sebastián Da Silva, quien desde entonces acusa al gobierno de hacer la compra como “un homenaje póstumo” a Mujica.
En este sentido cuestiona la conveniencia y pertinencia de la compra, que será destinada a 16 familias productoras de leche que se instalarán en el predio, lindero con el río Santa Lucía.
La oposición también cuestiona la legalidad de la compra de este campo, y se basa en un informe del Tribunal de Cuentas que observó la operación en cuatro aspectos, entre ellos que la votación a favor en el directorio de Colonización no se ajustó a la norma en cuanto a la cantidad de directores que la apoyaron. También cuestiona la falta de recursos propios para la compra.
El Frente Amplio sostiene que la compra se ajustó a la normativa vigente de Colonización y que se enmarca en una política oficial para favorecer la producción lechera, muy afectada en el país por el cierre de numerosos tambos en los últimos años.
Primera parte de la interpelación:
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