Agro paga 5% en tributos sobre el total de exportaciones anuales

El gobierno pretende cobrar 60 millones de dólares -un 25% adicional- por la vía del futuro tributo a la tierra a las empresas agropecuarias con más de 2.000 hectáreas.

Cuando el tema salió en el semanario Búsqueda, el economista Gabriel Frugoni -un ascendente técnico dentro del staff presidencial- reconoció que el impuesto sería volcado a infraestructura vial y logística que se encuentran bajo fuerte presión por el propio crecimiento de la actividad económica de los últimos seis años.

Luego el propio presidente reconoció que detrás de la iniciativa está la necesidad de redistribuir la riqueza. En Uruguay, el 20% de población de mayoresingresos se queda con el 47% de la riqueza generada y el 20% más pobre sólo con el 5,5%.

Tocarle el bolsillo a la actividad agropecuaria no es un asunto sencillo: ha sido motor de ese crecimiento y si bien en 2010 creció por debajo del PBI (1.8% sobre un total 8,3%), los agronegocios siguieron siendo un motor para la economía uruguaya gracias al buen momento internacional en el precio de las materias primas.

Hoy los agronegocios representan siete de cada diez dólares de exportación sobre una facturación total de 6.500 millones de dólares anuales.

Los impuestos venían dando saltos notables en el año a año, de la mano del aumento de la actividad. En 2009, los productores habían pagado al fisco 183 millones en materia de impuestos. No obstante, la presión fiscal se mantuvo incambiada por el incremento del Producto Bruto Interno en dólares corrientes.

La pregunta que todos hacen en el gobierno es si el agro paga impuestos de acuerdo a su facturación, a su peso en la economía nacional y al uso que hace de la infraestructura vial y logística del país. Para fundamentar el nuevo impuesto a los tenedores de más de 2.000 hectáreas de tierra, Mujica manejó una cifra: 4 dólares por hectárea por año.

Esa cifra corresponde en realidad a la contribución rural, un impuesto que ya cobran las intendencias para atender el acuciante nivel de la caminería rural en Uruguay. Se trata de un tributo que sigue la lógica del nuevo impuesto con un valor agregado. Es un cociente entre las hectáreas que posee el productor sobre un índice llamado CONEAT que se establece a partir de variables como la productividad del suelo, la cercanía a rutas y centros poblados, etcétera.

Sin perjuicio de esto, la actividad agropecuaria paga algunos impuestos más, según explica Diego Sotelo, coordinador de Fucrea.

Sotelo alude a una constelación de pequeños y grandes impuestos de cobro nacional y municipal según el caso.

YA SE PAGAN 20 MILLONES POR TENENCIA DE TIERRA