Abuso de funciones: Lorenzo renuncia a ser diputado

El exministro agradeció el apoyo y explicó el motivo de su decisión: "El pasado 26 de octubre fui elegido diputado nacional. No tengo palabras para agradecer el apoyo y el gesto que esto representa en el plano humano y político. Paralelamente, durante estos dos últimos años me he visto inmerso en un largo y penoso proceso judicial ampliamente conocido. Fui procesado por el artículo 162 del Código Penal vigente que, bajo el título de ‘abuso genérico de funciones', condena una conducta que no describe ni especifica".

Lorenzo advirtió que los cambios en la ley penal sobre el abuso de funciones no tiene nada que ver con su situación.

"Hace muchos años que diversas fuerzas políticas y la inmensa mayoría de la academia proponían cambiar la redacción de ese artículo porque en materia penal las imprecisiones y generalidades afectan el indispensable rigor y las garantías con las que debe ser aplicada la ley penal".

Recientemente, la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento aprobó una nueva redacción del Código Penal que, entre otras cosas, modifica el delito de abuso de funciones. Por este delito también fueron procesados en los últimos tiempos Fernando Calloia y Walter Zimmer, intendente de Colonia. En el caso de Calloia la decisión judicial fue revocada en octubre.

Los cambios que serán aprobados por el Parlamento cuentan con el respaldo de los diputados Gustavo Borsari y Pablo Iturralde del Partido Nacional. Hoy se vota en Diputados a partir de las 14 horas. Luego deberá pasar al Senado.

Una de las principales críticas que se le hizo a los cambios es que de esta forma Parlamento favoreció a los intereses de Lorenzo y evitaría un eventual encarcelamiento. El líder de "Batllistas de Ley", José Amorín Batlle dijo que el nuevo texto de la ley tiene "nombre y apellido" en alusión al exministro de Economía.

La modificación del texto señala como abuso de funciones al “funcionario público que abusando de las funciones de su cargo, realice u omita un acto, en violación de la ley, con el fin de obtener un beneficio económico indebido para sí mismo o para un tercero, en perjuicio de la Administración, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”.

La ley que fue derogada señalaba para el mismo delito otros componentes. Establecía que “el funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (Unidades Reajustables) a 3.000 UR”.