Abogada dice que Remersaro sabía de las denuncias y tomará acciones civiles

Ana Frontán representa a propietarios del edificio donde en un apartamento de Remersaro funcionaba un prostíbulo. En enero hubo una denuncia ante MSP.

Ana Frontán, la abogada de los propietarios del edificio de la calle Uruguay donde funcionaba un prostíbulo clandestino, dijo a Subrayado que iniciará acciones civiles contra la ex contadora general de la nación, Laura Remersaro, por los diversos daños causados por las trabajadoras sexuales.

Remersaro es la propietaria del apartamento donde funcionaba este prostíbulo de forma ilegal, y según la abogada Fontán, la ex jerarca del Ministerio de Economía estaba en conocimiento del tema desde agosto del 2015. 

El 26 de agosto del año pasado se realizó una asamblea de propietarios “donde el único tema era la presunta violación del reglamento de copropiedead por parte de los inquilinos del 301”, contó Fontán.

Según la abogada, Remersaro “estuvo enterada porque se le pasó como a todos la comunicación de la asamblea”.

Fontán cuenta que Remersaro no fue a la asamblea, pero que luego se le envió un acta donde ya constaba la denuncia de un vecino acerca de que en su apartamento funcionaba un prostíbulo.

La abogada sostiene que en esa asamblea se resolvió además convocar a la ex jerarca del Ministerio de Economía para que solucionara el problema.

En una reunión posterior con Remersaro, dice Fontán, de la que no se dejó constancia en actas porque fue informal, la ex contadora general de la nación “tenía el acta de la asamblea en la mano”, dijo la abogada.

Remersaro dijo a El Observador que se enteró de que en su apartamento funcionaba un prostíbulo el 30 de junio de este año, y asegura que de inmediato tomó medidas para sacar a las personas que allí vivían.

El viernes, cuando Subrayado publicó el informe original sobre este caso, Remersaro dijo que se enteró de la situación "unas semanas atrás", sin precisar cuándo.

Ese mismo viernes el ministro de Economía Danilo Astori cesó a Remersaro en su cargo.

Un grupo de propietarios del edificio iniciarán una demanda civil contra Remersaro por los costos en los que debieron incurrir a raíz de la situación vivida en ese apartamento.

Fontán enumeró gastos en “cámaras de videovigilancia, costos profesionales, gente que se mudó, gente con afectación emocional, que no podía dormir”, por ejemplo.

NUEVA DENUNCIA EN ENERO. Las molestias de los vecinos por la situación del apartamento de la calle Uruguay se arrastran desde el año pasado. Primero intentaron solucionar la situación en contacto con la propietaria, la ex contadora general de la nación, Laura Remersaro, cesada el viernes pasado por el ministro de Economía Danilo Astori luego de que Subrayado informara que en ese apartamento funcionaba un prostíbulo clandestino en el que además vivían dos menores de edad, una adolescente de 14 años y una niña de 2 años.

Ante la intransigencia de la responsable del apartamento comenzaron a presentar denuncias en distintos organismos.

Recurrieron a la Inspección General de la Intendencia de Montevideo y también se presentaron ante la Seccional 3ª y la Jefatura de Policía.

Subrayado accedió a una nueva denuncia que los copropietarios del edificio tramitaron, esta vez en enero de este año ante el Ministerio de Salud Pública (MSP).

La denuncia fue presentada ante la división Salud Ambiental y Ocupacional de Salud Pública el 20 de enero de 2016.

Allí el denunciante señala que en la dirección y apartamento mencionados se está ejerciendo “trabajo sexual” sin las autorizaciones correspondientes.

También se señala en la denuncia que las prostitutas generan ruidos molestos durante todo el día y en la noche, y que existe una “clara violación del reglamento de copropiedad” que prohíbe el uso del inmueble para esos fines.

Por otra parte, desde la Intendencia de Montevideo dijeron a Subrayado que para habilitar el funcionamiento de un prostíbulo se piden varios requisitos como viabilidad de uso; planos aprobados por la comuna; habilitación del servicio de instalaciones mecánicas y eléctricas; medidas de defensa contra incendios expedida por bomberos; y habilitación del Ministerio del Interior.

El lugar debe estar alejado de centros educativos, pero en este caso, a pocos metros de allí funciona la escuela Estados Unidos.

 

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