Casos sobre abuso de funciones se tratarán desde el martes

Inmediatamente después sí se enviarán los expedientes a las respectivas sedes para continuar con el proceso penal.

En el caso de Lorenzo y Calloia, la jueza De los Santos se apresta a determinar la situación en forma inminente a partir de la llegada del expediente.

En el caso de Zimmer, el diario El País publicó semanas atrás que la resolución se adoptará en marzo.

Son casos diferentes, pero con una misma raíz común. De hecho, el intendente de Colonia tiene como abogado penalista a Amadeo Otatti, el mismo que presentó el recurso ante la jueza de Crimen Organizado Adriana de los Santos para evitar el procesamiento de Fernando Lorenzo. Lo mismo hizo al filo del plazo judicial Gonzalo Fernández junto a su socio Remato Echeverría para evitar el mismo destino para Calloia por e financiamiento a Cosmo para ofertar en el remate de aviones de Pluna.

Otatti interpuso la misma estrategia el año anterior para defender a Zimmer en un caso que involucró también a un funcionario de confianza de su administración.

A partir de la semana próxima, la jueza penal Adriana de los Santos reiniciará la indagatoria. La defensa del presidente del BROU presentará nuevos alegatos en busca de probar su inocencia. Se investiga la celeridad con que Calloia dio trámite urgente al aval de Cosmo por casi 14 millones de dólares a instancias del empresario Juan Carlos López Mena.

Lo mismo deberá hacer en Colonia el juez Oscar Lapalma a pedido de la fiscal Darviña Viera. Ella pide procesamiento sin prisión para Zimmer por abuso de funciones y con prisión para Aunchaín por abuso de funciones y falsificación de documento público.

La denuncia fue presentada en 2010 por Alfredo Martínez, el intendente que sustituyó a Zimmer tras la renuncia de éste para hacer campaña electoral. Detrás de la denuncia estaba el manejo irregular de vehículos que hacían de Colonia la intendencia más barata del país. Se pedía demás investigar la participación de gestorías privadas en la maniobra.

La respuesta de la Suprema Corte frente a la inconstitucionalidad del abuso de funciones no es sorpresiva.

Tres de los cinco ministros que hoy integran la SCJ ya se pronunciaron en 2010 sobre un caso similar y resolvieron que el delito es constitucional. Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak y Jorge Larrieux consideraron entonces que el artículo 162 del Código Penal, es constitucional.

ARTÍCULO 162. El Código Penal establece que “el funcionario público que, con abuso de su cargo y para satisfacer intereses personales, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares, que no se hallare previsto especialmente en las disposiciones del Código, será castigado con prisión de tres a veinticuatro meses, e inhabilitación especial de dos a seis años”.

Los incisos que generalmente se han utilizado para plantear la inconstitucionalidad del delito de abuso de funciones son el 7, el 10 y el 72. Los dos primeros refieren a la libertad de hacer aquello que no está prohibido. Los abogados han pretendido demostrar que esto colide con el artículo 162 porque éste último es muy amplio y no tipifica un delito concreto.

El 72 menciona que hay más derechos “inherentes a la forma republicana de gobierno” de los que enumera la Constitución .