Oposición y oficialismo se enfrentan por política exterior

Abreu puso como ejemplo lo que ya hace Argentina con Uruguay respecto a las negociaciones por el dragado del canal Martín García, postergando una y otra vez las obras que favorecen a Uruguay.

A su turno, el canciller Almagro basó su explicación en que no podía "ignorar" lo que consideró como un "golpe" en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo.

"Si soy testigo de una ruptura democrática como la que hubo en Paraguay, y si no tomo las acciones conforme a derecho, estaría en omisión", afirmó Almagro.

La inerpelación, que comenzó a las 9.30 de este jueves y continuaba pasadas las 23.00 horas, es trasmitida en directo por la web de Presidencia de la República

MARTÍN GARCIA. No es el único tema urgente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las deterioradas relaciones diplomáticas con Argentina se pusieron más tensas aún desde que el gobierno de Cristina Fernández decidió suspender el proceso de negociaciones por el deagado del canal, el cual se ha visto empañado por denuncias de corrupción.

En un comunicado emitido en la noche de este miércoles, el Ministerio de Relaciones exteriores señala que rechaza la decisión unilteral del gobierno argentino de suspender las negociaciones por el canal Martín García e insta a retomarlas “inmediatamente”.

Además, señala que el Tribunal de Cuentas es un órgano establecido constitucionalmente, que tiene autonomía funcional y que Uruguay se atendrá a las conclusiones emanadas de su informe.

Este es el texto completo del comunicado:

Comunicado Nº 30/12 Auditoría Tribunal de Cuentas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Oriental del Uruguay rechaza la decisión unilateral de la Republica Argentina de suspender las actuaciones relativas al Canal Martín García. En ese sentido insta a continuar las negociaciones inmediatamente.

El Tribunal de Cuentas de la Republica es un órgano establecido constitucionalmente, conformado por siete miembros designados por la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes y que actúa con autonomía funcional.

Los términos de referencia acordados señalaban que “La auditoría estará a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN-República Argentina) y el Tribunal de Cuentas (T.C.- República Oriental del Uruguay), quienes actuarán dentro de sus respectivas competencias y jurisdicciones, en el marco del Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la CARP.”

La Parte Uruguaya se atendrá estrictamente al Informe de Auditoría del Tribunal de Cuentas en sus concluyentes definiciones, a saber:

1.- La extensión del contrato fue estrictamente ajustada a Derecho, tal como señala el Tribunal: “El contrato de fecha 5 de julio de 1996, suscrito entre la CARP y la Empresa RIOVIA S.A., así como los pliegos que rigieron la Licitación de referencia, preveían la posibilidad de prórrogas del plazo para las obras y el mantenimiento del Canal, por lo que las prórrogas dispuestas –incluida la de fecha 7/2/12- se ajustaron a derecho”.

2.-El precio acordado para dicha extensión fue considerado como totalmente razonable, al decir del Tribunal: “No obstante, sin dejar de tener presente la especialidad de cada canal y los servicios accesorios al mantenimiento que en el caso concreto realiza la concesionaria, se puede expresar que, tomando en cuenta el costo del metro cúbico dragado como componente más importante del precio, existe una razonable equivalencia entre el acordado para esta prórroga, con aquellos manejados en la región por oferentes que participaron en llamados públicos internacionales realizados por la Administración Nacional de Puertos para servicios de mantenimiento similares al que realiza Riovía S.A.”

3.-Sobre el esclarecimiento de las versiones de prensa, el Tribunal expresó: “El cumulo de indicios que apareja la consideración de estos hechos, sin embargo no permite sacar conclusiones firmes y por tanto enervan la formulación de una eventual denuncia penal.” Y concluye en el mismo párrafo diciendo que: “En definitiva, desde el punto de vista jurídico, no existe siquiera la apariencia de un delito, especialmente del que se hizo eco la prensa.”

Por ello, no existe contradicción alguna entre lo afirmado por el Canciller y el Tribunal de Cuentas.

Montevideo, 25 de julio de 2012 

Fuente: Comunicación e Información Pública

Ministerio de Relaciones Exteriores