La Unión Europea (UE) debe evitar divisiones internas mientras se libra una guerra a sus puertas, dijo este martes la ministra de Justicia de Hungría, Judit Varga, cuyo gobierno es objeto de duras críticas por atropellos al Estado de derecho.
Hungría pide a la UE evitar divisiones en tiempos de guerra
"Deberíamos centrarnos en los temas que nos unen, en lugar de aquellos que crean divisiones entre nosotros", dijo la funcionaria húngara al llegar a una reunión ministerial de la UE en Luxemburgo.
"En estos tiempos tan difíciles debemos mostrar solidaridad", reforzó la funcionaria.
El último informe de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en Hungría menciona el deterioro del pluralismo de los medios de comunicación, así como una lucha insuficiente contra la corrupción.
En opinión de Varga, la reciente victoria electoral del líder ultranacionalista Viktor Orban puso de relieve que los electores húngaros "no comparten las preocupaciones" de la UE.
En tanto, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló que la invasión rusa de Ucrania precisamente destacó la "necesidad de estar muy atentos al respeto del Estado de derecho y de las normas también dentro de la UE".
Los ministros de Asuntos Europeos deben discutir en Luxemburgo el cumplimiento de los requisitos democráticos por parte de Hungría y otros cuatro países, como parte de una revisión periódica de la situación en los Estados miembros.
Los problemas identificados por la UE en Hungría llevaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a anunciar el 5 de abril el inicio de un procedimiento que puede conducir a la suspensión del pago de fondos europeos a Budapest.
La notificación oficial será enviada al gobierno húngaro a fines de abril, luego de ser adoptada por el colegio de comisarios europeos, según una fuente europea.
"Primero tenemos que ver la carta, analizarla en detalle" y "la responderemos", adelantó Varga este martes.
El llamado mecanismo de condicionalidad es un procedimiento en vigor desde enero de 2021 -aún no utilizado- y que permite suspender el pago de fondos europeos a países donde se verifiquen atropellos al Estado de derecho.
Su implementación puede tomar entre seis y nueve meses y la decisión final requiere el apoyo de una mayoría cualificada de al menos 15 de los 27 países miembros, que representan el 65% de la población de la UE.
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FUENTE: AFP
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