La fiscal Silvia Pérez resolvió archivar la denuncia que presentó el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Wilmar Valdez por un presunto delito de violencia privada.
Fiscal archiva el caso de Wilmar Valdez y los audios que provocaron su renuncia a la AUF
Pérez no encontró delito alguno en los audios que grabó el empresario Walter Alcántara y que hicieron renunciar a Valdez a la AUF.
El abogado de Valdez, Pablo Galain, dijo a la prensa este viernes al salir de la Fiscalía, que ahora evaluarán si solicitan la revisión del caso por otro fiscal o dejan el tema acá.
Galain, Washington Abdala (abogado de Ríos) y Silvia Etchebarne (abogada de Alcántara), hablaron con la prensa tras conocer el dictamen fiscal. (Ver video arriba).
LOS AUDIOS
Los audios en cuestión eran conversaciones privadas entre Alcántara y Valdez donde presuntamente el ex presidente de la AUF le pedía un porcentaje del negocio que pudiera hacer en la iluminación del estadio Luis Franzini o en la compra de las cámaras de identificación facial para los estadios.
Cinco días antes de las elecciones en la AUF, en las que Valdez se presentaba para ser reelecto, el periodista Julio Ríos y el ex presidente de Danubio y también candidato a la presidencia de la Asociación Arturo del Campo le mostraron los audios de las conversaciones con Alcántara.
Comprometido por lo que allí decía, Valdez decidió renunciar a la AUF y a la reelección.
Días después presentó una denuncia contra Alcántara, Ríos y Del Campo por presunta extorsión y violencia privada, que ahora la fiscal desestima. Más tarde amplió la denuncia e incluyó al presidente de Liverpool José Luis Palma.
Este viernes citó a los abogados de todos los involucrados para comunicarles su decisión.
CONCLUSIÓN
La fiscal Pérez explicó en su dictamen por qué cree que Del Campo, Ríos, Alcántara y José Luis Palma no cometieron un delito, o al menos no hay una prueba contundente de ello.
"Más allá de existir ciertos indicios en cuanto a un posible plan concertado por los indagados en distintas etapas, en las cuáles cada uno de ellos asumieron distintos roles, la Fiscalía no encontró el elemento contundente o la evidencia fundamental que nos llevase a concluir de forma liminar que los imputados hayan confluido intencionalmente sus conductas para determinar a Valdez a realizar lo que estos esperaban", dice la fiscal.
"Así entonces, las conductas llevadas a cabo, no poseen el grado de certeza necesaria para confirmar la sospecha de que la acción de Ríos y Del Campo es plausible de adecuarse al delito de violencia privada, teniendo en cuenta además que éste solo es perseguible a título de dolo. El delito de violencia privada como ya dijimos, supone el empleo de violencia o amenazas a los efectos de constreñir la voluntad del sujeto pasivo y obligarlo a hacer algo, para el caso en estudio, renunciar a la candidatura a la presidencia de la AUF", agrega.
DUDA
“A nuestro juicio -continúa la fiscal en su dictamen- la simple frase '¿qué hacemos con esto?', dicha por Ríos, acompañada de una mínima reproducción de audios, ante lo cual el posible coaccionado solicitó que se detuviera la reproducción, no fue suficiente para imputarles reproches penales a Ríos y Del Campo. Tampoco surge probado de ninguna de las conversaciones que posee la Fiscalía en su carpeta de evidencias, que los actores hayan asumido un compromiso explícito o implícito de no divulgar los audios a cambio de que Valdez asumiera determinada conducta. La reunión del sábado 28 entre Valdez y Ríos, y lo que se puede haber hablado en la misma, es una duda más que se le presentó a la Fiscalía en su investigación, no existiendo ninguna evidencia para afirmar que existió ese compromiso.
Dejá tu comentario