Defensa de Calloia intenta compartir la responsabilidad del aval

“El presidente no podía y no intentó actuar por sí”, ya que se necesitan mayorías especiales, dice el escrito que cita declaraciones del entonces vicepresidente Perazzo, quien aseguró ante la sede que “el planteo que le realizó Calloia dejaba claramente establecido que no tenían todavía la totalidad de los elementos” para otorgar el aval.

La defensa menciona que el imputado, Calloia, lo primero que hizo fue consultar a los otros dos miembros del directorio y luego de esa conformidad instruyó a que se emitiera el aval.

Otro de los puntos a los que se hace referencia es que el auto de procesamiento olvida que se trató de una operación bancaria “excepcionalísima” y no aclara qué pasos faltaron y cuáles normas se infringieron.

En este sentido, cita las palabras de Calloia: “teníamos dos alternativas: procesar rutinariamente la solicitud del aval y frustrar el remate por la ausencia de oferentes o viabilizar las solicitudes con la información mínima básica y con una garantía que respaldara al banco de eventuales incumplimientos”.

Dijo además que Lorenzo le trasmitió el respaldo del Ministerio de Economía a la operación porque habían mediado negociaciones entre Cosmo y el Poder Ejecutivo.

Además, Calloia aclara que se otorgó el aval a Cosmo porque quien lo tramitó fue Juan Carlos López Mena, cliente de larga data en el banco y de cumplimiento “intachable”.

En la apelación se menciona además que acudió un sólo interesado en gestionar el aval, a diferencia de lo que sostiene el fiscal.

Advierte ademas que se le imputan una serie de falencias en el aval emitido que implicarían, a lo sumo, eventuales errores materiales de los funcionarios del banco que intervinieron, pero que no pueden ser atribuidos al presidente de la institución ya que fue gestionado directamente por un funcionario en conversaciones con López Mena.

Los abogados aseguran también que la decisión no tuvo perjuicio ob pérdida patrimonial para el Estado, ya que ante el incumplimiento se paga una multa por la que el Estado gana un dinero imprevisto que llegó a cobrarse en buena parte.

Aclararon también que no fue una arbitrariedad ya que se priorizó el interés público buscando precaver un mal mayor.