Con agroimpuesto Mujica quiere comprar tierras para Colonización

El presidente quiere que parte del dinero sea para compra de tierras. También hay que definir quién cobra y cómo se invertirá. Los cambios de Mujica generan desconcierto

El impuesto a la tierra en principio sería volcado a las rutas, puentes e infraestructura logística. Luego el presidente lo dijo y su esposa lo confirmó en el prograna Código País que la recaudación iría a caminería rural. Posteriormente Mujica manifestó que el impuesto tedría efectos directos al uso que se hiciera de las rutas. Su consigna fue "el que rompe, paga".

Pero ante un grupo de productores de Cerro Largo el 29 de mayo, en instalaciones del Instituto de Colonización, había adelantado que parte del dinero iba a ser destinado a tierras para colonos. "La reforma agraria en Uruguay se llama Instituto Nacional de Colonización", dijo el mandatario.

 En esa ocasión, diez familias productoras rurales recibieron del Instituto Nacional de Colonización un predio de más de 800 hectáreas perteneciente Estancia La Cimarrona en Cañada de los Burros para desarrollar un emprendimiento ganadero asociativo. Vea la alocución de Mujica.

 

"Alguien se tiene que quedar en el campo por si baja un plato volador", comentó el jefe de Estado. Mujica quiere cumplir con su palabra, pese a la oposición del astorismo y del propio ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre, quienes creen que el impuesto debe ir directamente a obras de infraestructura, independientemente de si cobran las intendencias o Rentas Generales.

Fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Subrayado que Mujica tiene la firma intención de adquirir tierras, pero parte del gabinete cree que hay que ofrecer "certezas" a los productores de que el dinero se utilizará en lo que se prometió desde el principio.

El presidente José Mujica y Danilo Astori postergaron la definición del impuesto al agro por detalles de la ingeniería del tributo, pero fundamentalmente sobre su forma de cobro y su destino. Al quitarse el tributo a los semovientes, que hasta ahora cobran las intendencias (1% sobre el movimiento de ganado), el Poder Ejecutivo quiere definir donde se cobrará ese impuesto. También hay que definir si el diner recaudado va a Rentas Generales o por el contrario se busca un mecanismo para que el dinero sea directamente invertido en caminería, en rutas e infraestructura vial.

En el Consejo de Ministros todos los secretarios de Estado esperaban que fuera el asunto principal, para poner punto final a una polémica que varios consideran se estiró demasiado. "Si seguimos así damos la sensación de irresolución", señaló un jerarca del gobierno. 

Escollos de último momento han impedido al gobierno alcanzar un acuerdo sobre el proyecto de ley. La falta de concenso entre el presidente José Mujica y ministros que responden al vicepresidente Danilo Astori llevaron este lunes al mandatario a no ingresar la discusión del proyecto en el gabinete, tal como estaba previsto.

La diferencia sustancial radica en que desde el astorismo quieren poner un destino específico al impuesto y cambiar el borrador que establece como destino de lo recaudado rentas generales.

Mujica quiere que la recaudación se destine a caminería rural de cercanías.

Cánepa reconoció que el destino de los fondos es algo que está en discusión. 

Lo que está definido es que el impuesto obligará a quienes tengan entre 2.000 y 5.000 hectáreas con un índice Coneat 100 a pagar US$ 8 por año y por hectárea. Para los dueños de entre 5.000 y 10.000 hectáreas deberán abonar US$ 12 y los propietarios de campo superiores a 10.000 hectáreas pagarán US$ 16 anuales.

 

APOYO BLANCO. El diputado blanco, Carmelo Vidalín, se reunió este lunes con el presidente y le manifestó su apoyo en la iniciativa. 

Vidalín, dijo que está de acuerdo en gravar a los más ricos y que esa iniciativa coincide con la filosofía del Partido Nacional.

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