Actualmente unas 700 personas, entre agresores y víctimas de violencia doméstica, son monitoreadas por el Ministerio del Interior a través de dispositivos GPS y tobilleras electrónicas. El uso de estos dispositivos ha crecido exponencialmente, al punto que en 2017 se han colocado 530, cinco veces más que en 2013, el primer año de utilización.
Aumentan casos de agresores que se rompen la tobillera electrónica
No obstante, según detalla El Observador, en el último tiempo se ha constatado un incremento en el número de casos en que los agresores rompen su tobillera para evitar ser monitoreados.
En lo que va del 2018, unos 20 dispositivos fueron parcialmente dañados o destruidos, detalla el matutino.
Por cada tobillera rota, el Ministerio del Interior paga U$S 1.500 mientras que en el caso del intercomunicador (el equipo que sirve para alertar si se están acercando víctima y agresor) el costo es de U$S 3.000.
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