Nuevo impuesto al campo se presenta hoy ante los intendentes

El acuerdo entre Economía y OPP resulta fundamental para el presidente José Mujica, ya que ambas secretarías de Estado han estado enfrentadas por diferencias en el manejo de la macroeconomía.

El fallo de la Suprema Corte sobre el ICIR- creado por la OPP- estableció que el nuevo impuesto se superponía con otros como la Contribución Inmobiliaria Rural o el Patrimonio. En este último caso, el gobierno de Jorge Batlle había exonerado de Patrimonio a los productores rurales en función de la crisis de 2002.

De hecho, terminó dando la razón al Ministerio de Economía, que creía inconveniente la aplicación de un nuevo impuesto tras la Reforma Tributaria llevada a cabo por Danilo Astori al frente del ministerio en 2008. Para el vicepresidente había que gravar la renta y no la propiedad. Lo que se encontró es una fórmula intermedia, bastante similar al ICIR.
La hipótesis de Astori -de volver a aplicar el Patrimonio- terminó ganando terreno y lo que se acaba de acordar con técnicos de la OPP son las variables de ajuste según el rango de territorio y bienes del productor rural.

Según publica hoy el semanario Búsqueda, Mujica quedó muy conforme con la forma en que trabajaron OPP y Economía, luego de serios enfrentamientos públicos entre partidarios de uno y otro sector del gobierno.

Con el dinero recaudado, las intendencias podrán pagar los planes de caminería rural en curso por más de 60 millones de dólares anuales. Muchas comunas ya habían comenzado a adquirir maquinarias y a llamar a licitación de proveedores para llevar a cabo las obras.

La Asociación y la Federación Rural rechazaron la propuesta pero terminaron negociando. Lo que ocurrirá, por la vía de los hechos, es que ambas instituciones harán un seguimiento para que la recaudación vaya efectivamente a caminería rural. Los más de 1.000 productores que pagaron el ICIR ya saben que el dinero no será devuelto, como se creía hasta hace unos días. Se trata de una recaudación de 9.8 millones de dólares correspondientes a la primera cuota del ICIR del mes de diciembre 2012. La DGI extenderá documentos a cuenta de futuras entregas como forma de regresar el dinero, tal como lo establece el fallo de la Suprema Corte.

Para Mujica, los productores rurales tenían “la obligación moral” de tributar más, especialmente después de las buenas facturaciones obtenidas en la última década, gracias al aumento de las materias primas a partir de la alta demanda de China y otros mercados asiáticos. En 2012, 70% de las exportaciones del país fueron divisas creadas por los agronegocios.

Para la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aún hay margen para gravar las actividades rurales. De hecho, en el “paquete” inicial sustitutivo del ICIR el gobierno manejó la posibilidad de aplicar el Impuesto de Primaria a los productores. Los problemas que atraviesa la industria -en particular en ocho sectores, según un informe oficial- determinarían que el sector agropecuario podría terminar compensando la situación.

Dentro de los sectores mujiquistas creen que habrá que retocar el Impuesto a la renta de las Actividades Económicas llevando la alícuota de 25% a 30%. El argumento de los defensores de este impuesto -que quieren aplicar tributos a “bienes suntuarios”- es que apenas tocará a 350 contribuyentes del quintil más alto de la sociedad uruguaya

El déficit fiscal (2.8% del PBI) y el gasto público (8.8%), el mayor desde 2003, hacen pensar que Uruguay deberá generar más recursos.

Llevar este acuerdo en buenos términos es fundamental para la Administración Mujica que ha establecido una fuerte alianza con los intendentes, que incluye la Patente Única de Rodados y la Universidad Tecnológica, cuyas sedes estarán en el interior del país.

Foto: El intendente local Irazábal en el reciente Congreso desarrollado en Soriano (Intendencia de Durazno)