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Nueva ley habilita liberar a la mitad de la población del Comcar

Esa cárcel está en "hacinamiento crítico". Tiene el doble de presos que plazas disponibles. Una ley permitirá a jueces liberar presos de prisiones superpobladas.

 

El proyecto de ley para regular el funcionamiento del Instituto Nacional de Rehabilitación pretende también habilitar a los jueces a liberar presos que tengan dos tercios de la pena cumplida si hay "hacinamiento crítico".

Si bien a nivel general el sistema carcelario tiene un "hacinamiento aceptable" que ronda el entorno del 16%, hay un centro de reclusión que sí está dentro de los márgenes fijados por el gobierno como "hacinamiento crítico".

Se trata del Comcar, que tiene un 100% de hacinamiento. Esa cárcel tiene lugar para 1.600 presos pero allí se encuentran cerca de 3.200 reclusos, según dijo a Subrayado el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé. El especialista está de acuerdo en líneas generales con la iniciativa, según declaró. 

El proyecto de ley establece que el Ministerio del Interior deberá entregar todos los meses un informe sobre la situación de hacinamiento del sistema carcelario. Según el texto, "las unidades deberán alojar única y exclusivamente la cantidad de personas privadas de la libertad para las cuáles fueron diseñadas".

"En aquellos casos en que se exceda la capacidad locativa en un 10% a 20% el hacinamiento se considera aceptable. Entre 30% y 50% alto. Más del 50% crítico", dice el artículo 19 del proyecto de ley.

"En caso de hacinamiento crítico del sistema penitenciario nacional, los jueces penales deberán analizar las causas de aquellos que se encuentren a su disposición en las distintas unidades de internación de personas privadas de libertad y puedan hallarse en condiciones de ser excarcelados", dice el proyecto en el artículo 25.

La Suprema Corte de Justicia establecerá los criterios administrativos aplicables en estos casos, dice la norma. Vea aquí el proyecto completo. 

Cada 15 días en Montevideo y un mes en el interior del país, la Comisión de Control y Seguimiento de la Capacidad Penitenciaria que crea la ley, proveerá a los jueces de una nómina con las personas privadas de libertad procesadas con más de dos tercios de la pena prevista cumplida, o penados que tengan cumplido dos tercios de la pena impuesta. En la lista también se deberá informar sobre personas con condiciones especiales de enfermedad, o mayores de 70 años de edad, ya que también ellos pueden ser liberados por los jueces.

A nivel general el sistema carcelario está en un hacinamiento considerado "aceptable", dijo Garcé. La población carcelaria es de 9.300 reclusos y en breve habrá 8.000 plazas disponibles con las últimas inauguraciones, explicó el comisionado. 

Según datos del Ministerio del Interior, el 24 % de los reclusos ya tiene cumplidos los dos tercios de la pena. Por tanto son más de 2.000 los presos en condiciones de ser liberados con esta nueva ley. A ellos hay que agregarle a personas mayores de 70 años, enfermos y embarazadas.

MAGISTRADOS EN CONTRA. Los magistrados están en contra de esta iniciativa porque consideran que no es de su injerencia decidir sobre las capacidades del sistema carcelario. El juez penal Nelson Dos Santos señaló que a los jueces no les "corresponde" evaluar si hay o no plazas disponibles, según declaró al diario El Observador.

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