Nueva cárcel en modalidad PPP con almacenes para los reclusos

En los primeros 15 días de diciembre se convocará a licitación pública para la concreción de esta unidad. Se estima que se dispondrá de unos seis meses para la presentación de ofertas.

El proyecto se enmarca en la emergencia carcelaria decretada por el Presidente de la República, José Mujica y consiste en la creación de una nueva unidad con 1.960 plazas que incluye un edificio para el proceso de admisión y clasificación de los reclusos. Supone un lapso de 10 a 12 días para definir a dónde se envía a cada persona. Se aspira a mejorar la distribución de esta población, de acuerdo con sus perfiles.

De los 1.960 lugares, 100 son para el proceso de clasificación de reclusos, el resto se dividen en celdas de mediana o baja seguridad para una, tres y cinco personas. Allí se implementará un plan progresivo donde los reclusos van cambiando de lugar, para facilitar el proceso de socialización.

El tamaño de la unidad se definió en función de la tasa de reclusión que se viene registrando en los últimos tiempos. El local contará con espacios para el desarrollo educativo, laboral, deportivo y social de los internos, ámbitos adecuados para visitas familiares y profesionales, y áreas para la atención de la salud. La inversión estimada ronda los 72.4 millones de dólares.

El proyecto incluye la contratación de servicios de alimentación, lavandería, limpieza, mantenimiento y reposición.

Habrá tiendas (economato) con artículos de almacén y se definirá una forma de pago que no implique el manejo de dinero. Así se termina con los espacios de poder entre los internos. Estos productos estarán a la venta por parte de contratistas. La modalidad también supondrá más agilidad en los controles de las visitas y por lo tanto simplifica el trabajo de los guardias y los técnicos, y mejora el entorno laboral.

El pliego contiene un programa arquitectónico basado en la funcionalidad necesaria de acuerdo al modelo de gestión nuevo. Los oferentes tendrán que elaborar un anteproyecto que se evalúa en el proceso licitatorio. El contratista podrá proponer otras actividades para emplear a los presos. El Estado se encarga por Ley de la seguridad de los presos, de los servicios de salud y la rehabilitación. El plazo es de veintidós años y medio, veinte de operación y dos y medio para diseño y la construcción.

En caso de que ocurra sobrepoblación de ocupantes hay un pago adicional, una especie de multa que se autoimpone el Ministerio para establecer incentivos a que no ocurra. Los gastos de reposición o mantenimiento que no estén incluidos en el programa, pero que es necesario repararlo por mal uso, se hace cargo el Ministerio pero el contratista realiza la reposición.