No más "ajustes de cuenta": ahora son "asesinatos preventivos"

Ya se sabe que los nombres asisten a la razón y aclaran las estadísticas. Hace tiempo, el Observatorio Criminológico del Ministerio del Interior comenzó a manejar un término ajustado pero complejo para describir la progresividad de los hechos ilegales. La desaceleración de los delitos ha sido un concepto que pretende explicar que un delito creció, aunque menos que en períodos anteriores.

La sola mención de la desaceleración daba a entender que se estaba frente a buenas noticias

Ahora el término "asesinato preventivo" recuerda al término “guerra preventiva” usado por el gobierno de George W, Bush para atacar a Irak por la presunta tenencia de armas de destrucción masiva.

El nombre hace también a una serie de cambios que el Ministerio el Interior pretende implementar para intervenir en esta suerte de guerra civil en que se ha convertido la lucha territorial de los narcotraficantes uruguayos.

El ministro Eduardo Bonomi ha dedicado alguna de sus últimas intervenciones al tema. Recientemente explicó que este fenómeno sigue una lógica latinoamericana que ya se ha visto en países como El Salvador (Mara Salvatrucha) o Brasil (Primeiro Comando da capital, PCC), entidades criminales que subvierten el orden, se enquistan en territorios y se convierten en fenómenos económicos importantes gracias al tráfico de estupefacientes.

Sus líderes muchas veces dirigen las organizaciones desde las cárceles, algo que ya comienza a verse en Uruguay. Ejemplos sobran: el principal caso es el de Luis Alberto Suárez, alias “El Betito”, un exrapiñero, que según datos de inteligencia carcelaria viene montando una organización con fuertes lazos en Cerro Norte, Casavalle y Marconi. Allí, testaferros suyos reclutan a jóvenes y pagan fidelidades entre los residentes de la zona encargándose del pago de los servicios de luz y agua, por ejemplo.

Los crímenes por ajustes de cuenta son cada vez más frecuentes. Sus menciones en la prensa se multiplican con los días y por sus características -por ejemplo, sus responsables son personas sin contacto con las víctimas- resultan muy difíciles de esclarecer.

Estos hechos ocurren desde hace años pero comenzaron a llamar la atención especialmente desde el asesinato de Washington”Bochita” Risotto, un contratista de fútbol con antecedentes por asistencia al narcotráfico.

Los ocho tiros descargados a plena luz del día en barrio Palermo, así como el estilo de ejecución de Risotto, fueron rápidamente relacionados con algo que ya estaba instalado de materia incipiente: la figura del sicario, es decir el hombre que cobra por asesinar a otras personas si ningún móvil personal.

Entre la muerte de Risotto el martes 3 de enero de 2012 y la caída de Diego “El peligroso” Suárez en Nuevo París el 22 de enero, se sucedieron decenas de muertes en Uruguay, en su enorme mayoría por “ajustes de cuenta”.

Durante años, las estadísticas de homicidios en el país se mantuvo estable y vinculada al tradicional desencuentro entre “conocidos” y las famosas “cuestiones de momento” de la crónica roja.

Entre 1980 y 2005, la tasa de homicidios apenas sobrepasaba los 200 al año. Pero en los últimos años, y en especial en 2011 y 2012, los asesinatos se dispararon por el nuevo fenómeno.

Aún así, Uruguay ha estado al final del ranking de homicidios si se compara con otros países de América latina.

Según el informe del Latinobarómetro 2011, denominado "La seguridad ciudadana. El problema principal de América Latina", en Uruguay se producen 6,1 homicidios cada 100.000 habitantes. Por delante de Uruguay, se ubican Argentina (5,5), Perú (5,2) y Chile (3,7). En 2012 el número subió a una tasa de 9,19 por cada 100.000 habitantes, según datos de la Fundación Propuesta, una entidad vinculada al Partido Colorado. De hecho, algunos de sus directivos fueron jerarcas del Ministerio del Interior en la “era Stirling” y han polemizado abiertamente con las actuales autoridades. Bonomi los acusó de “inflar las cifras”, mientras que los dueños del nuevo observatorio criminológico sostienen que el gobierno “subdeclara” indicadores de seguridad ciudadana.