La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunció hoy su fallo definitivo sobre la condena dictada contra España por la aplicación de la "doctrina Parot" a la etarra Inés del Río Prada.
España se prepara para una ola de liberación de delincuentes
El tribunal de Estrasburgo determinó la liberación de Inés del Río, condenada a 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos. Exterroristas, violadores y otros beneficiados
La sentencia fue leída por el presidente del Tribunal, el luxemburgués Dean Spielmann, desde la sede de ese organismo en Estrasburgo, informa hoy la agencia EFE.
Del Río debería ser excarcelada en el plazo más breve posible y el Estado debería indemnizarla con 30.000 euros por daños morales y 1.500 por gastos y honorarios.
Un niño murió y otros resultaron heridos tras ataque de adolescente con un cuchillo en escuela de Brasil
La mujer formó parte del "comando Madrid" a mediados de los años 80, liderado por José Ignacio de Juana Chaos. Fue responsable, entre otros, del atentado con coche bomba en julio de 1986 en la madrileña plaza de la República Dominicana, en el que murieron 12 guardias civiles.
Fue condenada por 23 asesinatos a 3.000 años de cárcel, de los que 2.232 correspondían a esa acción.
Su puesta en libertad debería haberse producido en julio de 2008, por haber obtenido los beneficios penitenciarios. Sin embargo, la aplicación de la doctrina la pospuso a 2017.
Esa doctrina se basa en un dictamen del Tribunal Supremo de febrero de 2006 por el que la ejecución de la totalidad de la condena comienza con las penas más graves y los beneficios se aplican individualmente para cada una de ellas, y no sobre el máximo legal de 30 años de permanencia en prisión.
En la vista de marzo, los representantes del Gobierno español habían afirmado que el fin de esta doctrina conllevaría la puesta en libertad de 54 terroristas de ETA, siete del GRAPO, uno del GAL y 14 presos comunes, uno de ellos condenado por 74 violaciones.
Domingo Troitiño, uno de los etarras que perpetró la matanza de Hipercor es uno de los 61 reclusos de la banda que pueden salir de la cárcel tras derogarse la doctrina Parot. A ellos se añaden una decena de delincuentes con tres o más condenas como Miguel Ricart, uno de los asesinos de las niñas de Alcàsser.
De los presos etarras que recurrirán su puesta en libertad de inmediato están Juan José Zubieta, condenado a 1.309 años por el atentado en 1991 contra la casa cuartel de Vic (Barcelona) que causó la muerte de 11 personas, entre ellas cinco niños.
También Juan José Legorburu 'Txato', condenado a 746 años por diversos atentados y ocho asesinatos, entre ellos el del jefe de la Policía Municipal de Amorebieta (Vizcaya) en 1979; Juan Carlos Arruti 'Paterra', que cumple una pena de más de 1.200 años por catorce asesinatos, o José Antonio López "Kubati", condenado, entre otros atentados, por el asesinato de la etarra "Yoyes".
Santiago Arrospide 'Santi Potros', jefe del aparato militar y condenado como inductor del atentado de Hipercor, o Juan Lorenzo Lasa Mitxelena 'Txikierdi', con seis asesinatos y 374 años de condena, también figura entre los 61 presos.
De la derogación de la doctrina Parot también podrán beneficiarse criminales como Pablo Manuel García Ribado, condenado a más de 1.700 años de prisión por 74 violaciones entre 1990 y 1993, conocido junto con Antonio Barroso como los "violadores del portal" porque agredían a las mujeres cuando entraban en sus domicilios.
Otro ejemplo es el de Juan Manuel Valentín Tejero que secuestró, violó y asesinó a la niña de 9 años Olga Sangrador en 1992 en Villalón de Campos (Valladolid).
El pasado mes de marzo el Supremo confirmaba la decisión de la Audiencia de Valladolid de que Valentín Tejero cumpliera cárcel hasta 2025 en virtud de la doctrina Parot, aunque inicialmente su condena (50 años) quedaba extinguida en marzo de 2012.
Figuran también Pedro Gallego, el violador del ascensor, con 18 violaciones y dos asesinatos,.
Además de estos, podrían ser excarcelados siete miembros de los Grapo, entre ellos Guillermo Vázquez Bautista, condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles en Gijón en 1989.
Lo mismo ocurriría con Ismael Miquel Gutiérrez, jefe del comando de los GAL que asesinó a un ciudadano francés en 1985, o con Josefa Rodríguez Porca, miembro del Ejército Guerrillero del Pueblo Gallego (EGPG) y condenada a 84 años de prisión por el asesinato de un guardia civil en 1989.
Dejá tu comentario