Candidatura de Vázquez fuerza acuerdo a favor de los astoristas

El exmandatario y el actual vienen reuniéndose desde hace meses ajustando esa eventual transición de cara a la campaña electoral, cuando las encuestas siguen dando al Frente Amplio como absoluto favorito en las encuestas. Incluso han manejado cambios en el gabinete, como por ejemplo nombrar al actual presidente del Banco Central Mario Bergara en sustitución de Fernando Lorenzo.

Aunque, claro, será un rumbo claro pero con matices: Mujica se reservará algunas iniciativas con su “sello”, de modo de mantener a raya a esa parte del Frente Amplio que se refleja en su gabinete a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y que plantea un “agotamiento del modelo” y el desafío de mejorar la distribución del ingreso a partir de más impuestos a los sectores más ricos.

BIENES PÚBLICOS, DESARROLLO. Búsqueda trata hoy el asunto desde distintos ángulos. Por un lado, se destaca una larga entrevista al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, economista Gabriel Frugoni, voz cantante de las posturas más estatistas dentro del equipo alternativo de Mujica, opuesto al que dirige el titular de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo.

Allí Frugoni, considerado el autor del impuesto conocido como ICIR -derogado por la Suprema Corte al ser considerado inconstitucional-, plantea la postura de cobrar más impuestos a los que se vieron beneficiados con el significativo aumento de la economía uruguaya en los últimos diez años.

El objetivo, dice el director de OPP, es invertir ese dinero “en bienes públicos” y “desarrollo”, de modo que el Estado intervenga allí donde el mercado no puede llegar a la hora de la justicia social.

Fibra óptica, cementera, energías alternativas (regasificadora incluida), son algunos de los objetivos de inversión de OPP al que se destinarán esos recursos obtenidos a través de impuestos.

El economista, de 47 años, exgerente del Frigorífico Tacuarembó, pertenece al Movimiento de Participación Popular, y lidera al grupo de referentes económicos que integra el subdrector de OPP Jerónimo Roca, el asesor presidencial Pedro Buonomo, y los ministros Daniel Olesker y Roberto Kreimerman, y el nuevo vicecanciller Luis Porto, entre otros.

Un dato publicado hoy también da la razón a los economistas “mujiquistas”. La subdeclaración de los quintiles más ricos de población “exageró la mejora de equidad”, según la economista Fanny Trylesinsky, exintegrante del partido Independiente y actual asesora del Partido Colorado. El hecho no ha sido desmentido y por el contrario la Dirección general Impositiva lanzó en los últimos días una campaña destinada a los sectores de población de mejores ingresos a pagar. Los hechos indican a la DGI que ha habido una significativa disminución de contribuyentes del tributo.

La subdeclaración de Impuesto al Patrimonio -que grava a los patrimonios por encima de 2.6 millones de pesos- alteró la medición de los índices que, desde el Mides, aseguran que la pobreza bajó.

En el mismo sentido, ayer el Senado aprobó la nueva ley que habilita a la DGI a cobrar Impuesto al Patrimonio a los 1.200 propietarios de más de 2.000 hectáreas de tierra. Se trata de un sustituto del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). Los productores dejaron de pagar este tributo a raíz de la crisis de 2002 y ahora volverán hacerlo como parte de la nueva ingeniería tributaria del gobierno de Mujica.

EXTRANJERIZACIÓN. El próximo objetivo en ese sentido es la concentración y extranjerización de la tierra, un objetivo que el sector de Mujica -el Movimiento de Participación Popular- reclama antes aún de haber sido gobierno. En ese sentido, Presidencia realizará una investigación “padrón por padrón” para identificar grupos extranjeros con inversiones rurales en el país. No se trata de un tema menor, considerando el momento: actualmente el Ministerio de ganadería, Agricultura y Pesca se encuentra preocupado por las decisiones que viene adoptando el grupo sojero El Tejar, con sede en Río Negro y Paysandú. La empresa -de origen argentino- es uno e los grupos más importantes de producción granelera del mundo. Más del 60% de la tierra que explota en el país es alquilada y según informa La Diaria está cerrando los contratos para reducir sus operaciones en el país. Si bien la empresa ha divulgado que se trata de un plan trazado hace tiempo, los puestos de empleo que se perderán y la caída en la inversión es visto como una consecuencia del nuevo escenario en Uruguay.

Esta semana, la consultora Deloitte dio a conocer una encuesta de expectativas empresariales que muestra el descontento del sector con el futuro económico del país. Un 61% de los empresarios consultados creen que dentro de un año las cosas estarán peor que ahora. El hecho es preocupante sobre todo porque en setiembre de 2012 la percepción negativa rondaba el 42%, un porcentaje bastante menor.